Con la constitucionalidad de la reforma educativa lo que se puede esperar en el futuro inmediato es un alud de reformas de carácter jurídico y administrativo, y no sobre el tema de la enseñanza, para concretar los efectos más regresivos que ahora derivan de la Carta Magna y que se han convertido en un arma de control, represión y de violación de los derechos en contra de los docentes, coincidieron expertos.

Miguel Ángel Eraña, especialista en derecho constitucional y parlamentario de la Universidad Iberoamericana (Uia), apuntó que las modificaciones a los artículos tercero y 73 de la Carta Magna no serán de aplicación inmediata ni mecánica en las escuelas, lo que abre la posibilidad, a distintos actores, entre ellos los sindicales de ejercer presión y hacer una negociación política.

En entrevista por separado, César Navarro, profesor-investigador del Instituto Mora y de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), destacó que dicha modificación en ningún momento atiende el tema de la enseñanza y no hace más que elevar a rango constitucional los acuerdos de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), la cual fue pactada entre Elba Esther Gordillo y el gobierno de Felipe Calderón.

Lo que se puede esperar de ahora en adelante es una cascada de modificaciones a los reglamentos de las condiciones de trabajo y de escalafón de los docentes, a la Ley General de Educación y a las normas del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Esto, en aras de ponerlas en concordancia con el verdadero propósito de estos cambios constitucionales: el despido de los docentes mediante la evaluación obligatoria, expuso.

En este contexto, añadió, se inscribe la reforma del INEE, la cual, bajo una supuesta autonomía, faculta a éste a hacer diagnósticos generales y no evaluaciones que caerían en su ámbito, como la prueba Enlace, el examen de carrera magisterial o la evaluación universal, ya que esa parte lesiva y sancionatoria la continuará realizando la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La profesora-investigadora de la UPN Etelvina Sandoval coincidió en que esto que se llama reforma educativa no es más que un cambio político-administrativo pensado en el control y en la ejecución de sanciones, bajo la idea creada desde antaño de que la escuela pública no funciona, los niños no aprenden y los maestros no trabajan.

Una reforma que no refleja interés por la educación, y cuyo proyecto no ha sido apropiado por los docentes no tiene muchas posibilidades. Por el contrario, el Estado pretende abdicar de su responsabilidad, alertó.

Mientras no exista una reforma que atienda la enseñanza, continuará la simulación que tanto daño ha hecho al sistema y, de igual manera, continuará el buen trabajo de aquellos maestros que están preocupados por su materia y que no son tomados en cuenta, dijo la especialista.

Al respecto, Eraña advirtió que la reforma constitucional en materia educativa enfrentará un enorme reto para garantizar su articulación, pues la tarea educativa es concurrente, es decir, involucra tanto a autoridades federales y estatales como municipales, y se les tendrá que dar un espacio de participación.

Destacó, asimismo, las nuevas competencias en materia de evaluación, pues será una labor que deberá ser articulada con las entidades, pues una reforma constitucional incide en todos los órdenes normativos de la Federación, que incluye estados y municipios. Se deberán hacer adecuaciones en las leyes estatales de educación para que pueda aplicarse la reforma constitucional.

La evaluación que se propone, explicó, tendrá que ser configurada con la participación de los estados.

Debido a que se está planteando la creación de nuevas instancias y funciones, su aplicación no será un proceso mecánico ni inmediato que pueda operar en pocos días, concluyó.