Con el desahogo de las principales quejas en contra del presunto financiamiento ilícito a la campaña presidencial del PRI, el Instituto Federal Electoral (IFE) entrará el próximo miércoles en la última fase de fiscalización de los informes de gastos electorales.

Los dictámenes deberán incluir los casi 215 millones de pesos que la unidad de fiscalización –al resolver los casos– consideró parte del gasto de las campañas federales de la coalición PRI-PVEM.

Sin embargo, rumbo a la fase final de la revisión de los informes de gastos de la campaña presidencial, en el IFE comienza a hablarse de que, paradójicamente, el ex candidato que más riesgo tiene de rebasar los topes (con 336 millones de pesos) es Andrés Manuel López Obrador, cuyo reporte contiene inconsistencias que podrían derivar en erogaciones excesivas y, por consiguiente, en una sanción.

De acuerdo con los plazos fijados por el Consejo General del IFE, el próximo miércoles se resolverá sobre los informes de los gastos de campaña de los cuatro candidatos presidenciales.

Lo anterior, a partir de que en su momento esa instancia determinó adelantar los tiempos de fiscalización de los gastos para la elección presidencial, decisión que se realizó en medio de la intensa polémica por el caso Monex y las acusaciones de PAN y PRD de una millonaria campaña del priísta.

A menos de una semana de que se resuelvan los informes, se considera que las inconsistencias en el reporte presupuestal del Movimiento Progresista derivan, en buena parte, de las dificultades que implica la administración del gasto en coaliciones.

También se señala que faltó coordinación para el control de los comprobantes de gastos entre el equipo cercano del ex candidato y las áreas financieras de los partidos de la coalición: PRD, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano.

Como parte del proceso de revisión, se argumentó que la coalición hizo una errónea adjudicación de los egresos en las campañas (Presidencia, diputados y senadores) en el informe entregado en octubre pasado, que concentró gran parte del gasto en la presidencial, cuando debió haber sido prorrateado en muchos de los casos.

En el caso de los más de 200 millones de pesos que la unidad de fiscalización detectó como gasto de campaña durante el desahogo de las quejas contra la coalición Compromiso por México, se espera que se realice el prorrateo correpondiente.

El propósito es determinar cuál es el monto que finalmente se canalizará al gasto de la campaña de Peña Nieto, cuánto se asignará al gasto en las campañas de senadores y cuánto a la de diputados federales.

Se espera que antes de la sesión del próximo miércoles se discutan quejas que en su momento interpuso el PRI en contra del financiamiento de la campaña de López Obrador, en particular lo relacionado con presuntas aportaciones ilícitas y triangulación financiera irregular de dinero público proveniente del Gobierno del Distrito Federal en favor de la organización Honestidad Valiente.