Organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos exhortaron al presidente Enrique Peña Nieto a que el cumplimiento íntegro de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los casos de las indígenas me’phaa Inés Fernández y Valentina Rosendo sea asuntos prioritario en su gobierno.

Dichas resoluciones fueron emitidas por el organismo internacional en agosto de 2010 y notificadas a las partes en octubre del mismo año. Desde entonces, Fernández y Rosendo están a la espera de que se cumplimenten. Ambas fueron víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos por elementos del Ejército.

Hasta ahora, los responsables no han sido sancionados, señalaron agrupaciones como Amnistía Internacional, Organización Mundial contra la Tortura, Artículo 19 y Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), así como los centros de derechos humanos Fray Francisco de Vitoria, Miguel Agustín Pro Juárez y de la Montaña Tlachinollan, entre otros.

Los hechos ocurrieron en 2002 en Guerrero, en un contexto marcado por la pobreza, la discriminación y la violencia institucional castrense, indican en una misiva dirigida al Ejecutivo.

Resaltaron que la sentencia de la CIDH puso en evidencia que en México hay graves rezagos para garantizar el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia sexual, así como una persistente discriminación contra las comunidades indígenas. También se puso nuevamente de manifiesto el tema de los abusos que resultan de la ausencia de controles civiles sobre las fuerzas armadas.

Las organizaciones también destacaron que luego de 11 años en busca de la justicia, resulta indispensable que el gobierno federal retome el tema como un asunto prioritario, por medio del cual se complemente la agenda de derechos humanos de esta administración.

Lo mismo debe ocurrir –advirtieron– con otras sentencias también dictadas por la CIDH en contra de México, cuyo cumplimiento está pendiente, sobre todo porque comparten elementos comunes, como el señalamiento sobre los abusos de militares y la restricción del fuero castrense, que también está presente en los casos de Rosendo Padilla Pacheco, desaparecido durante la guerra sucia, y los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera.