i el año pasado el Congreso de la Unión decidió que para que más jóvenes tuvieran acceso al bachillerato había que modificar la Constitución, ahora la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems) ha decidido que, reforma constitucional o no, los jóvenes deberán seguir cumpliendo con prácticamente todos los requisitos que unilateralmente ella había impuesto desde 1996.
Con esto, las instituciones que forman dicha comisión y que organizan el examen único no sólo dan un portazo al camino que las autoridades de la misma Secretaría de Educación Pública habían iniciado el año pasado, al reconocer los derechos de un pequeño grupo de jóvenes, sino que también en los hechos y en gran medida dejan la reforma sin efecto real alguno. En efecto, la Comipems acaba de anunciar en su convocatoria (La Jornada, 20/1/13) que sólo modificará uno de los requisitos excluyentes, el que impedía el acceso a la educación pública a quienes obtuvieron una baja calificación en el examen Ceneval-UNAM. Un requisito, por cierto, que no es esencial al procedimiento, pues ni siquiera existía en 1996 al comenzar el examen único. Pero de cualquier manera, es loable esta cancelación, pues significa que más de 4 mil jóvenes podrán tener un lugar en una escuela, aunque varias decenas de miles más seguirán siendo excluidos cada año al mantenerse el entramado fundamental del procedimiento del examen único.
La decisión superficial de la Comipems es ominosa en el contexto nacional porque se suma a los obstáculos que se han multiplicado contra la ampliación y aplicación de derechos humanos fundamentales en el país. Es un precedente de que es la imposición en los hechos y no el estado de derecho lo que finalmente prevalece.
El Congreso puede decidir avances importantes, pero un grupo de instituciones puede definir por su cuenta y para toda una zona metropolitana cuáles serán los alcances reales de dicha reforma. La Comipems mantiene inalterable su política restrictiva, a pesar de la evidente intención del legislador de ampliar el acceso a los planteles, pues sólo estableció dos requisitos elementales para el acceso a este nivel educativo (tener la edad típica
y haber concluido la educación básica
) y, ajustándose a la recomendación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, ni siquiera mencionó la aptitud o idoneidad aparentes de un alumno
como criterio de asignación.
Al no tomar esto en cuenta, la Comipems violenta también el constitucional principio pro persona (artículo 1º), que significa que ante interpretaciones diversas sobre el alcance de un derecho se debe optar por aquella que ofrezca a las personas la protección más amplia
. Además, dicha comisión mantiene como requisitos obligatorios para los 310 mil demandantes pagar una cuota de 310 pesos y ser evaluado con el examen de un organismo privado (Ceneval o su equivalente de la UNAM), a sabiendas de que 10 mil son excluidos porque no se presentan a ese examen, y a sabiendas de que la asignación coercitiva que éste hace –por favorecer a determinadas clases sociales– es fuertemente discriminatoria. Insistir en mantener este examen se explica, además de por el interés de mantener una apariencia de calidad
, por la simbiótica e indebida relación entre la Comipems y un centro de evaluación, es decir, el Ceneval (ver acuerdo constitutivo), que se traduce en ingresos por decenas de millones de pesos anuales para este organismo privado.
El resultado de estos intereses y compromisos es que el procedimiento del examen único cada vez es menos apropiado en un marco de derechos humanos. Deja sin escuela hasta 20 por ciento (60 mil) de quienes solicitan ingreso y, además, por coercitivo, estimula la deserción. Si antes del examen único el DF era una de las entidades con niveles más bajos de abandono escolar en el país, desde 1997 ocupa los primeros lugares.
La respuesta de las instituciones que integran la Comipems ante el surgimiento, en la calle y en la Constitución, de la exigencia de nuevas prácticas de acceso acordes con el marco de derecho a la educación, está propiciando una innecesaria y paradójica confrontación. Jóvenes y movimiento de rechazados que crecen y hasta demandan la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del DF (y por consiguiente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos) en defensa de su garantía y, por otro lado, instituciones tan destacadas como la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional, que son patrimonio de la nación y referentes fundamentales del avance ético y ciudadano de este país, que, por ser parte de la Comipems ahora se encuentran del lado de quienes se empeñan en contener y nulificar esos derechos a escala nacional. Por eso, la decisión que tomó la Comipems tiene implicaciones muy profundas.
*Profesor/investigador de la UAM-Xochimilco
Su libro más reciente es La medida de una nación
