no de los muy pocos avances del gobierno recién terminado se dio sin lugar a dudas en la educación media superior, en tanto que sentó las bases para lo que puede ser uno de los desarrollos estratégicos de nuestro país para la presente década; el hecho de que el Congreso le haya dado el carácter de obligatoriedad constitucional no podía ser más afortunado, por razones económicas y de justicia social, por las consecuencias que ello puede y debe tener para el futuro de la nación. Sin embargo, el desafío que todo eso implica quizás no sea del conocimiento público, sobre todo si de lo que estamos hablando sea de un sistema educativo de calidad.

Dos aspectos que han resultado cruciales para este desarrollo son: primero, el hecho de que aun sin la obligatoriedad, la educación media superior fuese ya el subsistema con mayor crecimiento en las últimas décadas, como consecuencia del aumento en el número de egresados de nivel básico en ese tiempo, el cual se desbordó de las ciudades, extendiéndose a todo el país, además de que ese crecimiento estuviera acompañado de una disminución en la calidad de la enseñanza básica, lo cual se tradujo en una pésima preparación de los estudiantes que ingresaban a la universidad, algo conocido por profesores y directivos, sin que se hiciese mucho para resolver el problema.

Cuando los resultados de la prueba internacional PISA, realizada por la OCDE en 2000, para evaluar el nivel de conocimientos y competencias de los estudiantes por egresar del sistema educativo se conocieron, México apareció ubicado en uno de los últimos lugares. El sistema educativo entró en crisis, aceptando de facto la necesidad de revisar y modificar todo lo necesario.

En el caso del nivel medio superior, quedaba claro que había crecido de manera reactiva y desordenada, sin un plan rector nacional, sino como acciones aisladas que habían dado lugar a una gran variedad de planes de estudio, de contenidos y normas que dificultaban enormemente cualquier avance en la cobertura y la calidad de la educación impartida. Durante el sexenio de Vicente Fox fue muy poco lo que se logró, más allá de la creación de una subsecretaría que tomara el problema en sus manos, por lo que las acciones fueron postergadas para la siguiente administración.

Fue entonces que la Secretaría de Educación Pública se abocó a poner las cosas en orden, definiendo las normas que debían tener las escuelas de nivel medio superior en cuanto a programas de estudio, maestros, infraestructura y administración, así como los aspectos de control necesarios para asegurar el buen funcionamiento de sus diferentes subsistemas, cuya coordinación quedó compartida formalmente con los gobiernos de los estados. La inclusión de mecanismos de evaluación para la inclusión, actualización y promoción de los profesores, así como la incorporación de una versión limitada de la prueba de Enlace para los estudiantes que terminaban la prepa, constituyeron pasos decisivos para mejorar la preparación de los alumnos a partir del ciclo 2008-2009.

De los resultados de un estudio que hemos realizado sobre la geografía de la educación media superior –próximo a publicarse–, se desprenden varios hechos, siendo el más importante que hoy se cuente con un instrumento que permite conocer los avances (y retrocesos) logrados por los diferentes subsistemas y estados de la República en esta materia, sustituyendo la demagogia de los discursos oficiales por informes concretos de lo que se ha logrado, siendo posible afirmar una mejoría innegable en cuanto a que los mayores progresos se han estado dando en las zonas más retrasadas del país, especialmente en el caso de las matemáticas, en el que la magnitud de dichos logros para 2012 fue de más de 14 por ciento promedio respecto de los niveles de 2009.

Por el contrario, en el caso de la comprensión de la lectura (y en general del lenguaje), las mismas pruebas de Enlace tuvieron un avance de 2009 a 2010, seguido de retrocesos en la mayor parte del país en 2011 y 2012, lo cual nos indica que no hay aún una idea clara de cómo superar este problema central para la educación, y algo igualmente grave: el hecho de que las zonas donde los indicadores sean más bajos corresponden a las de menores ingresos (pobreza extrema), los cuales a su vez coinciden con los de mayor población indígena.

Este solo hecho llama a la reflexión en torno a un punto que no ha sido debidamente considerado: la oferta que necesariamente debiera haber de preparatorias para la población indígena del país, como sí hay para educación básica, reconociendo que se trata de un problema complejo, por su incidencia en la problemática social, política y económica de este sector, hasta ahora marginado.

Otras asignaturas pendientes relacionadas con Enlace son, por una parte, la referente a la inclusión de una sección relacionada con el conocimiento científico, dándole a éste la importancia que tiene, y por otra, el llevar la prueba a los dos primeros años de bachillerato, como se hace en secundaria, con objeto de contar con información más completa y, sobre todo, útil, en la medida que permitiría a las escuelas detectar con oportunidad las deficiencias de sus estudiantes para hacer algo al respecto.

Las acciones encaminadas a sustituir el desarrollo de las competencias básicas en matemáticas y de comprensión del lenguaje, por la mera habilidad para contestar las pruebas de Enlace, ignorando que no son el objetivo de la educación media superior, sino sólo un indicador de los conocimientos y competencias adquiridos por sus estudiantes, constituye uno de los mayores riesgos que debiera ser estudiado desde ahora.

Otra actividad que sí ha sido cubierta (aunque infructuosamente) por la enseñanza básica, más no por la media superior, es la referente a la integración de las tecnologías digitales como instrumentos centrales para el aprendizaje y la construcción del conocimiento, y no sólo como herramientas informáticas. En mi próximo artículo señalaré las implicaciones que todo este gran proyecto puede tener para el desarrollo socioeconómico del país.