El titular de la Unidad de Fiscalización del Instituto Federal Electoral, Alfredo Cristalinas, reiteró ayer que no se halló ilícito, dentro de lo que establece el código electoral federal, en la relación PRI-Monex, y aseveró que las presuntas irregularidades de las empresas mercantiles involucradas en este caso tendrán que ser investigadas por autoridades competentes, como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Procuraduría General de la República (PGR).

Esta discusión ocurre en la víspera de la entrega de informes de gastos de campaña en los que se establecerá si el PRI o algún otro participante rebasó los topes de gastos de campaña.

El consejero Marco Antonio Baños afirmó que no existe sesgo para afectar o beneficiar a fuerza política alguna.

Primero el jueves ante diputados y ayer en entrevista radiofónica, Cristalinas sostuvo que la cadena de contratos para que el PRI utilizara las tarjetas Monex no es ilegal y, si hay empresas fantasma o no, ello corresponde definirlo a instancias distintas al IFE.

Los comentarios del fiscalizador de los gastos de campaña y ordinarios de los partidos políticos y sus candidatos propiciaron la respuesta del consejero Alfredo Figueroa, quien advirtió que el IFE sí tiene atribuciones para indagar ese punto.

El consejero indicó: “No es correcto afirmar que el IFE no va a revisar la licitud de contratar con una empresa mercantil, y no es así porque por cinco votos en la pasada sesión del IFE se tomó la decisión de dar vista a la Unidad de Fiscalización para el efecto de evaluar si es legal o no lo que se ha dado en llamar este proceso de financiamiento a partir de empresas mercantiles, lo que puede tener, desde luego, un efecto en términos de una sanción (para el partido político involucrado).

Por ello, añadió, una cosa es establecer si el PRI efectivamente al final pagó esos créditos y otra es la discusión en torno al proceso de triangulación, cuya decisión la tomará hacia adelante el IFE.

Figueroa precisó que sí hay antecedentes jurídicos al respecto, porque habrá que revisar lo que dice el artículo 342, fracción L del código electoral, para afirmar que lo que está diciendo Alfredo Cristalinas no es correcto ni apegado a la verdad y al código electoral.

Del caso de fiscalización, el consejero Baños dijo que Cristalinas hizo una presentación clara, objetiva y documentada del dictamen que entregó esta semana al Consejo General. Lo importante en esta discusión es saber si los partidos políticos pueden hacer o no contratos con empresas sin que esto suponga aportación ilegal.

No se trata de un financiamiento, sino de la contratación de un servicio; eso lo acreditó claramente la Unidad de Fiscalización, señaló Baños. Defendió a su colega Sergio García Ramírez, cuyo voto fue decisivo para la aprobación del dictamen que dejó sin sanción al PRI por esta causa.