Dos días después de la liberación de Florence Cassez, el gobierno federal presentó un programa de capacitación rápida para policías y agentes del Ministerio Público federales, a fin de que no cometan errores o violaciones al debido proceso que trunquen la justicia.

Sin aludir de manera explícita al caso de la ciudadana francesa –quien permaneció en prisión siete años, por secuestro–, la Secretaría de Gobernación presentó ayer una cartilla que deberán usar policías y agentes ministeriales con presuntos delincuentes, desde su aprehensión hasta el proceso penal. El plan tiene previsiones también para la capacitación y la actuación de los integrantes de las fuerzas armadas.

No es admisible, ni lo será durante este gobierno, que la conducta de las autoridades dé lugar a actos de arbitrariedad que lastimen a la sociedad y, mucho menos, aquellos que puedan derivar en impunidad e injusticia, señaló a nombre de Gobernación y de la Procuraduría General de la República, Eduardo Sánchez, subsecretario de Normatividad de Medios de la primera.

El plan de cinco puntos pondera también la aceleración de la reforma del sistema de justicia penal, identificada como de juicios orales.

Este sistema –afirmó el funcionario– contribuye a que las fallas de procedimiento no sean un obstáculo para que el Poder Judicial determine la situación de una persona.

Cassez fue liberada el miércoles luego de un amparo concedido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; los ministros argumentaron que durante la detención de la francesa hubo violaciones graves al debido proceso. Horas después, la mujer quien diversas víctimas señalaron como integrante de una banda de secuestradores fue liberada y puesta en un avión, en condiciones preferenciales, rumbo a Francia. El presidente Enrique Peña Nieto lamentó que estas violaciones impidan al Poder Judicial determinar la culpabilidad o inocencia de una persona.

En este contexto, ayer se informó que serán revisados de manera pormenorizada los manuales de procedimiento y protocolos que se utilizan en las tareas de aprehensión e investigación de presuntos delincuentes.

El objetivo es identificar aquellos vicios que pudieran constituir un obstáculo para la procuración y administración de justicia, así como para la protección de los derechos humanos, desde el inicio de la averiguación previa hasta la conclusión de los procesos penales. También se hará énfasis en desarrollar técnicas científicas de investigación.

La Policía Federal –ahora dependiente de Gobernación– deberá impartir a todos sus elementos un refuerzo de capacitación sobre los protocolos y manuales, a los cuales deberán ajustar su conducta y procedimientos. Al mismo tiempo, les distribuirá una tarjeta que les servirá de guía y a los presuntos delincuentes les dirá:

“1. Usted se encuentra detenido (a) por los siguientes motivos (se especificarán cuáles).

2. Usted es considerado (a) inocente, hasta que se le demuestre lo contrario

3. Tiene derecho a declarar o guardar silencio.

4. En caso de decidir declarar, tiene derecho a no inculparse.

5. Tiene derecho a un defensor de su elección; en caso de no contar con uno, el Estado se lo proporcionará de manera gratuita.

6. Tiene derecho a un traductor o intérprete.

7. Tiene derecho a que se le ponga en conocimiento de un familiar –o persona que desee– los motivos de su detención y el lugar de custodia en el que se halle en cada momento.

8. Tiene derecho a ser puesto (a), sin demora, a disposición de la autoridad competente.

9. En caso de ser extranjero, tiene derecho a que el consulado de su país sea notificado de su detención.”

Los altos mandos de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina dieron órdenes para que todos los integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México porten la Cartilla de Derechos Humanos.

El lunes próximo, mandos de la Policía Federal darán los pormenores del reparto de las cartillas; al mismo tiempo se ajustan diversos aspectos del discurso en materia de seguridad, a fin de no hacer apología del delito.

Al término del mensaje, Eduardo Sánchez precisó que la instrucción es informar a los ciudadanos de lo que ocurre en materia de seguridad, aunque aún no se define en qué magnitud se usará el tiempo oficial para la difusión de mensajes de esta materia.

Lo que no vamos a hacer es que la presentación que hagamos de la información sea utilizada para hacer apología de la violencia o para que los jóvenes del país sientan que la delincuencia es atractiva para desarrollarse socialmente, dijo.