San Cristóbal de las Casas, Chis, 25 de enero. Los ejidatarios de San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, se dirigieron ayer al ministro Juan N. Silva Meza, presidente de la Judicatura Federal, en relación al conflicto que atraviesa la comunidad por un despojo gubernamental, cuya finalidad, sostuvieron, es la implementación de proyectos turísticos estatales y privados de alta escala, sin consultar ni tomar en cuenta nuestros derechos como pueblos indígenas reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos.

Adherentes a la otra campaña de la Sexta declaración de la selva Lacandona, los ejidatarios escriben al magistrado: El pasado 18 de enero, el juez séptimo de distrito en Tuxtla Gutiérrez celebró la audiencia constitucional del juicio de amparo 274/2011, y nos encontramos a la espera de una resolución justa y protectora de los derechos de nuestro pueblo, para evitar hechos lamentables de difícil reparación.

Queda en manos de las autoridades la situación de nuestro amparo, porque no estamos dispuestos a permitir atropellos de las autoridades de la impartición de justicia, añadieron. Hemos aportado todas las pruebas para demostrar la injusticia de que hemos sido objeto de manera reiterada y continua, así como el derecho legítimo y legal que poseemos como ejidatarios y miembros del pueblo tzeltal a defender y disfrutar de nuestro territorio ancestral.

El documento fue remitido también al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, para su conocimiento e intervención.

Mariano Moreno Guzmán, Mariano Moreno López y Miguel Álvaro Deara, representantes de los ejidatarios, afirman que el 2 de febrero de 2011, diversas autoridades de Chiapas y federales de manera arbitraria y autoritaria se posesionaron de una superficie de nuestras tierras de uso común, ubicadas en las tierras de dotación, por medio del uso de la fuerza pública y la participación de civiles armados.

La acción, que impuso una caseta de cobro gubernamental para el acceso de visitantes a las cascadas de Agua Azul, en el vecino municipio de Tumbalá, contó con el respaldo del comisariado y consejo de vigilancia del ejido, instruidos por autoridades de diferentes dependencias del gobierno del estado, según información obtenida mediante un informante, no se menciona el nombre por temor a hechos que ponen en peligro su integridad física. Señalan al magistrado que en varias ocasiones lo denunciaron sin obtener respuesta.

Ante ello, y a pesar de las fuertes amenazas en su contra, interpusieron la mencionada solicitud de amparo para la protección de nuestro territorio y los derechos colectivos sobre nuestras tierras de uso común. En su calidad de consejero presidente del Consejo de la Judicatura Federal, los indígenas solicitan a Silva Meza que vigile y garantice que el juzgado en Tuxtla Gutiérrez tenga las condiciones de imparcialidad, objetividad e independencia para resolver la petición de amparo que se presentó hace aproximadamente dos años.