La flota aérea de la Procuraduría General de la República (PGR) lleva cinco meses sin volar, y pese a que ya fueron reparadas 40 naves, la dependencia no ha concluido el trámite de los permisos de aeronavegabilidad, revelaron funcionarios de la Dirección General de Servicios Aéreos.

La PGR cuenta con 90 naves, de ellas 50 por ciento serán desechadas por inoperables; sin embargo, existen convenios internacionales que obligarán a la institución a revisar cuáles fueron donadas a cedidas por el gobierno de Estados Unidos, y notificarle que ya no están en condiciones de volar, para que se determine el procedimiento a seguir y, por otra parte, algunas naves fueron entregadas en comodato por el Servicio de Administración de Bienes Asegurados, y también debe revisarse el mecanismo para darlas de baja, ya que en algunos casos eran aviones o helicópteros que se decomisaron a grupos criminales.

De acuerdo con la información recabada, existen seis naves de la Policía Federal Ministerial que se encuentran pendientes de validación, entre ellos las de matrículas XC-DAD, XC-ALA, XC-LMI, XC-LMN, esto es, que desde el 8 de septiembre de 2012, ocho días después de que Marisela Morales ordenó que se suspendieran operaciones, la naves fueron arregladas, pero no se les realizaron pruebas de aeronavegabilidad.

Además, como desde 2007 la PGR transfirió naves a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), también existen seis helicópteros que ya se encuentran reparados, pero que no han sido validados, y según los registros de la DGSA, su fecha de terminación es indefinida, por lo cual, en algunos casos ya se cumplió el plazo para que se les realicen los servicios obligatorios, sin que hayan volado, señalaron funcionarios consultados.

La plantilla de pilotos, mecánicos y técnicos en aeronáutica se encuentran sin tareas asignadas desde septiembre de 2012, cuando una auditoría descubrió graves irregularidades operativas y administrativas que revelaron que solamente ocho de las 90 naves estaban en condiciones de volar sin peligro, pero aunque se abrió una averiguación previa, no ha sido detenido ninguno de los ex directores de servicios aéreos, que fueron señalados por la administración anterior como presuntos responsables de robos de partes y refacciones, y de la baja operatividad de la flota.