El llamado movimiento por la defensa de la legalidad en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) consideró un avance sustantivo que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) haya citado a declarar a la rectora de esa casa de estudios, Esther Orozco Orozco, para que responda a las denuncias presentadas en su contra por presunta malversación de fondos y usurpación de profesiones.

Lamentó que Esther Orozco haya intentado transgredir los procedimientos judiciales al solicitar que se le tome declaración en las instalaciones universitarias, lo que, señalaron, es una muestra más de cómo pretende situarse por encima de la ciudadanía y hacer de su paso por el servicio público una excepción de impunidad.

Las agrupaciones que integran dicho movimiento (Consejo Estudiantil de Lucha, Foro Académico y Trabajadores en Lucha) cuestionaron que la Contraloría General capitalina no haya dado respuesta a la denuncia por presuntas irregularidades administrativas cometidas por Orozco durante su gestión al frente del Instituto de Ciencia y Tecnología (ICT) en el periodo 2007-2010.

La rectora de la UACM utilizó al instituto para su beneficio

Por lo anterior, solicitaron una audiencia el pasado 19 de diciembre con el contralor general, Hiram Almeida Estrada, para tratar ese tema, pues consideraron que Orozco utilizó los espacios públicos diseñados para impulsar políticas científicas y tecnológicas en beneficio personal y de grupo, lo que no sólo implica la comisión de una serie de delitos, sino la burla abierta a una sociedad históricamente excluida del proceso educativo institucional.

La denuncia fue presentada en junio de 2012 por el abogado Federico Anaya, en la que no sólo se acusa a Orozco, sino a la actual contralora de la UACM, Verónica Cuenca Linares, quien ocupó el mismo cargo en el ICT en los años señalados.

El denunciante presentó documentos que, dijo, demuestran que la rectora de la UACM adjudicó en forma directa la adquisición de bienes del instituto en 90 por ciento de los casos; la inexistencia de proyectos destinados a asociaciones que no aparecen en los registros federal y local de la sociedad civil, así como pruebas de que benefició a familiares, como otorgar 10 millones de pesos al proyecto televisivo denominado Gregoria, la cucaracha.