El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, consideró que se debe proceder penalmente contra todos los funcionarios públicos que participaron directa o indirectamente en las violaciones al debido proceso de la ciudadana francesa Florence Cassez, irregularidades que permitieron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinara la libertad de la extranjera acusada de secuestro, aun sin determinar si era o no culpable.

Se debe proceder contra los funcionarios. Es lo único que queda; la persona (Cassez) quedó libre, no porque haya sido inocente, sino por fallas atribuibles al Ministerio Público que tienen que investigarse para que esto no vuelva a suceder y no resulte que las víctimas del delito pagan las consecuencias de un secuestro y de una injusticia por el mal proceder de los servidores públicos, lo cual los revictimiza.

Plascencia fue entrevistado antes de la ceremonia por el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Indicó que la CNDH comenzó una investigación de oficio por el caso Cassez para interponer una denuncia ante la Procuraduría General de la República, a fin de que se proceda contra los funcionarios que tuvieron que ver con el montaje de la detención de la francesa, entre ellos, el ex secretario de Seguridad Pública federal Genaro García Luna.

La denuncia sería en contra de todos aquellos que hubieran participado directamente, los que autorizaron (el montaje) y toleraron un evento de esta característica, dijo.

Confió en que en unas semanas la CNDH pueda recabar información suficiente para presentar la querella. Incluso, dijo, se solicitó una copia certificada de la resolución de la Corte, así como información de los años 2006 y 2007 de las investigaciones realizadas por la PGR.

Agregó que el organismo que preside acompañará a las víctimas de secuestro, como Ezequiel Elizalde Flores, quien ha denunciado que entre los participantes de su secuestro estaba Cassez.

Calificó a esa resolución de la Corte como de gran impacto para la justicia en el país, debido a que todos los servidores públicos vinculados a la administración y procuración de justicia tendrán claro que de llevar a cabo procesos irregulares pudieran facilitar la liberación de presuntos responsables.

Indicó que las violaciones al debido proceso son un común denominador en México, pues la CNDH recibe miles de quejas y emite cientos de recomendaciones donde se dan torturas, cateos y detenciones arbitrarias.