a decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de revocar la sentencia a 60 años de prisión por secuestro y participación en la delincuencia organizada de la ciudadana francesa Florence Cassez y ordenar su inmediata liberación, ha polarizado a la opinión pública mexicana y francesa.

Las imágenes de esta ciudadana francesa, recibida como heroína nacional por el presidente François Hollande, contrastan con las imágenes de llanto e indignación de los secuestrados y sus familiares. Si bien este caso ha servido para recordarnos una vez más las ineficacias y corrupciones que caracterizan a nuestro sistema de justicia, no podemos olvidar que la liberación de Florence Cassez se hizo por irregularidades en el proceso, no porque haya sido probada su inocencia.

La Suprema Corte repite los argumentos utilizados para liberar en febrero del año pasado a 20 paramilitares acusados de la masacre de 45 mujeres, niños y ancianos, acaecida en diciembre de 1997 en el poblado tzotzil de Acteal, en Chiapas. En esa ocasión el obispo Raúl Vera, defensor de los derechos humanos, señalaba: ¿Es ése el papel tan pobre de una Suprema Corte? ¿Revisar procedimientos en papel sin resultado alguno para el restablecimiento de la justicia? Y peor aún, ¿para que se exonere de toda responsabilidad a los criminales? ¿Para animar el caos en este país convulsionado por la violencia, porque los crímenes de todo tipo van a tener carta de impunidad?

En ambos casos la decisión de la Corte ha sido tomada con base en revisar los procedimientos jurídicos en cuanto a forma y no a fondo, haciendo a un lado las demandas de justicia de las víctimas. Si se siguieran los mismos criterios para revisar los expedientes judiciales de los 222 mil 330 presos que hay en México, probablemente se tendría que vaciar las prisiones del país por irregularidades en los procesos.

¿Cuándo es que se toma la decisión de reconocer la ineficacia de nuestro sistema y liberar a los acusados? Evidentemente cuando hay intereses políticos y dinero de por medio. Fue hasta que el caso de Acteal fue llevado ante la justicia internacional acusando al ex presidente Ernesto Zedillo por su complicidad en la masacre, que intelectuales y abogados vinculados a los grupos de poder deciden rescribir la historia y realizar un litigio estratégico para liberar a los paramilitares. De igual manera, ahora que Enrique Peña Nieto asume el poder en el marco de una denuncia popular de fraude electoral y necesita legitimarse ante la comunidad internacional, es que se decide nuevamente revisar el caso de Florence Cassez y utilizar su liberación para mejorar las relaciones con el gobierno francés.

Durante los cinco años en que he trabajado sobre el acceso a la justicia para mujeres indígenas y he coordinado un taller de escritura en el Cereso Femenil de Atlacholoaya, Morelos, he documentado de múltiples formas que en nuestro país los engranajes de la justicia se aceitan con dinero. Las cárceles de México están llenas de pobres, que un país racista y racializado como el nuestro, son mayoritariamente morenos y de orígenes indígenas (aunque no siempre se reconozcan como tales). Los pocos rostros claros y de clase media que uno encuentra en esos espacios están porque tuvieron algún enemigo más poderoso que decidió quitarlos del camino.

Las historias de vida de las mujeres presas están plagadas de violaciones a sus derechos humanos: mujeres torturadas y violadas al momento de su detención y obligadas a firmar confesiones que las inculpan; indígenas que no contaron con traductor y que no saben por qué están presas; mujeres con procesos de cinco a siete años que las mantienen en la incertidumbre.

Cuando veo la manera en que se celebra la liberación de Florence Cassez no puedo dejar de pensar en doña Honoria Morelos, nahua de 75 años, que estuvo siete años en prisión, porque en el autobús en que viajaba a la ciudad de México se encontró droga y los agentes federales que la detuvieron la inculparon, sin que ella entendiera de qué se le acusaba. Pasó siete años en prisión y luego fue liberada por falta de pruebas. Murió a los seis meses de su excarcelación por una úlcera gástrica que desarrolló durante su cautiverio. Pienso también en Florina Cantú Cano y en Carolina Tapia Cantú, tlapanecas que están presas en Atlacholoaya, por troción, me dicen, no sé a qué se refieran, ni ellas tampoco. Me explican, en su poco español, que las detuvieron por aconsejar a una muchacha que no aceptara el matrimonio con un hombre mayor al que la querían obligar sus padres. Me viene a la mente también el caso de Marisol Hernández del Águila, poeta y narradora tras las rejas, quien fue encarcelada por su propio marido después de un largo viacrucis de violencia doméstica al que ella trató de poner fin sin éxito. Los policías judiciales que la detuvieron la entregaron a su esposo con quien tenían amistad para que la golpeara y la torturara, antes de llevarla a Atlacholoaya. Marisol cumple una condena de 10 años por extorsión e intento de homicidio. Su marido nunca sufrió ningún atentado. Puedo llenar este diario con casos plenos de irregularidades que nunca llegarán a la Suprema Corte de Justicia, y cuyas violaciones a los derechos humanos quedarán en el olvido.

Si en algo coinciden tanto las autoridades francesas, las víctimas de secuestro de los Zodiaco, los sobrevivientes de Acteal y las mujeres de Atlacholoaya, es que en México el sistema de justicia necesita una reforma integral, para que realmente se haga justicia. Evidentemente las sentencias de la Corte, basadas en la forma y no en el fondo, no están contribuyendo a mejorar el acceso a la justicia ni a frenar la impunidad.

* Profesora-Investigadora de Ciesas e integrante de la Red de Feminismos Descoloniales