Mediante la aplicación de criterios ‘‘previamente aprobados’’ en materia de prorrateo, el dictamen de la Unidad de Fiscalización del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) sólo aplicó a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto 3.9 millones de pesos de los 50 millones que la semana pasada se acordó como gasto de campaña utilizado por medio de los monederos electrónicos Monex, es decir, sólo 8 por ciento.

La semana anterior, en el contexto del desahogo de la queja contra la alianza PRI-PVEM por el caso Monex, los consejeros eximieron de responsabilidad en manejos ilegales a esa coalición, pero anticiparon que deberían considerarse como gasto electoral 50 millones de pesos que se dispersaron en los monederos, lo cual debería prorratearse entre las campañas federales priístas. El criterio aplicado provocó que esa transferencia de gasto tuviera escasa repercusión en los egresos de Peña y no impactara en un rebase de topes de gastos de campaña.

Por otro lado, de acuerdo con el dictamen que hoy discutirá el Consejo General del IFE, existen varios ejemplos donde la aplicación de criterios de prorrateo de la Unidad de Fiscalización tiende a minimizar el gasto de Peña Nieto. Es el caso del cierre de campaña del abanderado del Partido Revolucionario Institucional en el estadio Azteca, en el cual, por ejemplo, en transportación de simpatizantes el tricolor sólo utilizó 45 camiones para transportar a los asistentes, con un gasto total de 345 mil pesos.

La unidad establece que el prorrateo de gastos adjudica solamente 20 mil 349 pesos a la campaña presidencial y a las campañas federal y locales 304 mil 630 y 20 mil 429 pesos, respectivamente. En el caso del cierre de campaña de Peña Nieto en Toluca, se consideró como gasto de transportación únicamente 17 mil 700 pesos, de los cuales se considera como gasto de la campaña presidencial solamente 382 pesos, el resto, 17 mil 317, es con cargo al resto de los candidatos.

De acuerdo con un análisis del Partido de la Revolución Democrática (PRD) sobre la asignación del gasto, la clave en la minimización del gasto de Peña radica en el bajísimo prorrateo que valida la Unidad de Fiscalización. Según los criterios de adjudicación del gasto para efectos de fiscalización, cuando se trata de campañas compartidas, las disposiciones establecen que en un 50 por ciento será distribuido de manera igualitaria (25 puntos a cada candidato), y en el restante 50 por ciento será el partido el que determine cómo se aplica el prorrateo del gasto.

En principio, en el caso de los gastos compartidos, el PRI estableció la adjudicación de uno por ciento de los gastos que el partido determina su prorrateo a la campaña presidencial, por lo que en total, del ejercicio de recursos de espectaculares, por ejemplo, se adjudicó sólo 26 por ciento en cada caso.

La justificación que el PRI dio al IFE para esta distribución indica: ‘‘No se omite señalar que, derivados de la publicidad compartida, los candidatos a diputados federales y/o senadores resultan mayormente beneficiados derivado de la amplia aceptación que reflejaron las encuestas a lo largo del periodo electoral por parte del licenciado Enrique Peña Nieto’’.

En el caso Monex, se explicó que el criterio aplicado –y conocido previamente– era que el gasto en estructura de los partidos políticos se distribuiría entre todos los candidatos del partido o coalición. Acorde con ello, se explicaría por qué sólo 8 por ciento de los 50 millones de pesos adjudicados del citado caso (Monex) se asignaron a la campaña presidencial.

La aplicación de dicho criterio evitó que Peña Nieto rebasara el tope de gastos de campaña, toda vez que oficialmente, según el dictamen de la Unidad de Fiscalización, la coalición Compromiso por México ejerció 327 millones 527 mil pesos, es decir, 8 millones 585 mil pesos por abajo del tope.

Otro de los aspectos que contribuyeron a evitar el rebase fueron los criterios aplicados en la resolución de la queja presentada por el Movimiento Progresista (PRD-PT-Movimiento Ciudadano) contra Peña Nieto por el rebase de topes de gastos de campaña, que se desahogó la semana pasada. En ella se determinó que el costo del traslado en aviones privados por parte del candidato priísta reportó en los hechos un gasto de 17.7 millones de pesos.

Finalmente, la aplicación de estos criterios de prorrateo por parte de los partidos políticos permitió, se considera en el IFE, que el gasto de la campaña proselitista de la candidata presidencial panista, Josefina Vázquez Mota, fuera de sólo 220.5 millones de pesos, que representa 115.5 millones de pesos por debajo del tope de gastos de campaña, según el informe del Partido Acción Nacional que validará el instituto.