En menos de 30 días el tercer Consejo Universitario (CU) de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), legalmente constituido el pasado 29 de noviembre, debe resolver sobre la revocación de mandato a la rectora Esther Orozco.

El procedimiento comenzó de manera formal ayer, luego de que la comisión de organización del CU admitió la solicitud presentada por el llamado Movimiento en defensa de la legalidad en la UACM. Se prevé que el 19 de febrero el pleno de consejeros se pronuncie al respecto.

Teresa Rodríguez de la Vega Cuéllar, profesora del plantel San Lorenzo Tezonco, señaló que Orozco ha incurrido en faltas graves en perjuicio de la universidad, como desacatar las disposiciones del CU, ejercer el presupuesto 2012 sin la autorización del máximo órgano de la universidad, violaciones a los derechos humanos y nepotismo.

Asimismo, agregó, es responsable de desvío de recursos para el pago de prebendas, como el otorgamiento de becas a estudiantes afines a su gestión, por encima de los méritos académicos. Además ha incumplido los acuerdos, que ella misma firmó, del proceso de resolución del conflicto por la integración e instalación del tercer CU.

Las quejas quedaron asentadas en un expediente de 20 páginas, así como 32 anexos documentales con pruebas contra Esther Orozco. También se inició una campaña de recolección de firmas para respaldar la solicitud, que la tarde ayer sumaban 300, dijo De la Vega.

La rectora será notificada del procedimiento en su contra por medio de la página web del CU, en autos que se publicarán en todos los planteles y en medios de comunicación, ante la posibilidad de que la funcionaria rechace ser informada de manera directa, señaló el secretario técnico de la comisión de organización, Carlos Eduardo González.

Señaló que Orozco tiene plazo de tres días hábiles para presentar pruebas en su favor, tiempo en el que una comisión de sustentación deberá revisar el expediente para determinar si la imputada es responsable de los irregularidades que se le imputan.

Una vez concluido ese análisis, una comisión resolutiva tendrá plazo para dictaminar si procede la revocación de mandato u otra sanción. De ser así, se pondrá a consideración del pleno del CU para su aprobación.

De confirmarse la sanción, explicó González, la rectora tendrá cinco días hábiles para presentar un recurso de revisión, que deberá resolver el pleno.

Dicho movimiento anunció que también pedirá la revocación, destitución y, de ser el caso, inhabilitación de funcionarios de la universidad como José de Jesús Ubaldo Izquierdo, abogado general; Verónica Cuenca Linares, contralora general, y Karina Chaparro Alvidrez, tesorera, entre otros.