En medio de las críticas de PRD y PAN contra los dictámenes de la unidad de fiscalización (UF) del Instituto Federal Electoral (IFE) sobre los gastos de campaña presidencial, el organismo postergó una semana la discusión del asunto, que involucra, entre otras sanciones, una multa de 129 millones de pesos al Movimiento Progresista.

El argumento fue que es necesario analizar de forma detallada la aplicación de criterios, entre ellos el polémico prorrateo de gastos entre las campañas presidencial y de legisladores.

Nada tiene que ver, y esto lo quiero dejar absolutamente claro, con la aceptación de algún tipo de presión política, advirtió el consejero Alfredo Figueroa, uno de los promotores de diferir la discusión.

Hay que hacer un análisis de cada uno de los criterios que se han empleado en relación con el tipo de prorrateos de gastos, agregó el consejero antes de que se aprobara la decisión por siete votos contra dos, y será la próxima semana cuando se debata.

Por la mañana, diputados federales perredistas encabezados por su coordinador, Silvano Aureoles, y la ex gobernadora de Zacatecas Amalia García se presentaron en el IFE para censurar las triquiñuelas en la aplicación de criterios diferenciados al revisar los gastos de Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador. Si bien dijeron que no acudían a presionar, sugirieron a los consejeros revisar los criterios con más tiempo y postergar el debate.

Paradójicamente, ya en la sesión serían los panistas los que mantendrían la intensidad de las críticas y la censura al desempeño del IFE.

Este modelo de fiscalización ha fracasado, sentenció Rogelio Carbajal, quien, con ironía, exaltó la sensatez de diferir la discusión, esa prudencia que no privó la semana pasada cuando se empató la votación en el caso Monex.

Luego deslizó las suspicacias sobre los motivos del diferimento: hay dudas respecto de los criterios, razonamientos que se tienen que revisar. No se puede modificar el dictamen de la UF; el que lo puede hacer es el pleno del consejo.

Su correligionario Javier Corral también arremetió contra decisiones recientes del IFE al censurar un criterio absurdo, escandaloso de prorrateo de los recursos de la campaña.

Apuntó que la fiscalización debe ser para todos, pareja y no cambiarla conforme al partido de que se trata porque ahora sí, son sancionados los gastos no comprobados.

Recordó que una semana antes se eximió al PRI de toda responsabilidad en el caso Monex, lo que contribuyó al desprestigio del instituto, luego de un desempate tan cuestionable a cargo del doctor Sergio García Ramírez.

Pero el tricolor y el PVEM rechazaron diferir el debate. Criticaron la incongruencia de que precisamente se sesionaba ayer porque el IFE adelantó los tiempos de fiscalización ante el reclamo del PRD de agilizar la revisión de los gastos.

Ahora piden que siempre no, que mejor como estaba, censuró el priísta José Antonio Hernández Fraguas.

Advirtió que, en todo caso, diferir el debate no es causa para que los dictámenes sean modificados, pues se tendrán que discutir en sus términos.

Sara Castellanos, del PVEM, cuestionó el mensaje que enviaba el instituto cuando fue sometido a presiones políticas; ninguna presión debería estar por encima del IFE.

En respuesta, el consejero Benito Nacif sostuvo: no, no es presión, al contrario: lo que hacemos es quitar la presión de encima y trabajar con la pausa, la calma y el detenimiento que el caso amerita. Eso es lo que debemos hacer en aras a la enorme responsabilidad que recae sobre el IFE.

Consejeros divididos

La propuesta de diferir el debate comenzó a cabildearse desde la reunión que la víspera sostuvieron dirigentes perredistas con los consejeros, en la cual el trato hacia el presidente del instituto, Leonardo Valdés, fue un tanto ríspido.

No comparto la propuesta, expresó Valdés como preámbulo para responder a las críticas al papel del IFE.

No encuentro cómo se pueda cuestionar el debido proceso que observó la UF para desahogar una delicada tarea de auditoría. Todos tuvieron a salvo el derecho de audiencia para expresar lo que en su derecho conviene.

Tampoco hay ausencia de certeza en el documento y no puedo coincidir con el razonamiento que lleva a pensar que hay dudas fundadas como para que se pueda modificar el sentido del documento, abundó.

Su postura motivó la inmediata respuesta del representante perredista, Camerino Márquez –hasta entonces con discurso moderado, mientras se construía la postergación que el PRD demandaba–, quien acusó a Valdés de prejuzgar sobre el dictamen, cuando falta el análisis en torno al fondo.

Marco Antonio Baños fue el otro consejero que votó contra el planteamiento, al destacar que es la primera vez que la discusión de un informe de gastos de campaña se postergaba.

Lo sensato hubiera sido discutir el fondo del asunto y agotar el calendario que se generó con el adelanto del procedimiento, apuntó Baños.

Agregó que él fue responsable de concretar, en mayo pasado, la propuesta de acelerar los plazos de fiscalización en atención a la demanda ciudadana.

Serían las dos únicas voces discordantes entre los consejeros. Lorenzo Córdova enfatizó que la cantidad de información derivada de los informes y la aplicación de nuevos criterios en la fiscalización eran razones para postergar el debate.

Con la decisión “no estamos prejuzgando de ninguna manera, emitiendo ningún juicio –sería una sobrelectura, que generalmente es mala– de lo que propone la UF”, sostuvo.

La propuesta recibió el respaldo también de los consejeros Sergio García Ramírez –quien definió la propuesta como prudente y pertinente–, así como de Francisco Guerrero, quien consideró que abrir este espacio de reflexión puede ser útil.

Las consejeras Macarita Elizondo y María Marván argumentaron a favor de la propuesta. La primera dijo que la postergación no lleva implícito violentar los plazos legales ni altera el espíritu del acuerdo de agilizar la fiscalización aprobado en su momento.