La Habana, 31 de enero. El gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) endurecieron posiciones en un áspero choque verbal, pero se mantuvieron firmes en la mesa de diálogo, que hoy inició aquí un nuevo ciclo.

Dos policías quedaron en poder de las FARC el viernes pasado, según informes oficiales, lo que llevó a una disputa entre las partes sobre si la acción fue un secuestro o la toma de prisioneros de guerra.

A pesar del tono directo de los alegatos, las dos delegaciones acudieron a la cita para iniciar este jueves otro ciclo de 11 días de discusión a puertas cerradas.

Vamos a La Habana para terminar el conflicto que es lo que pactamos, dijo el miércoles en Bogotá el jefe de la delegación oficial, Humberto de la Calle. Y si no es así, que nos lo digan de una vez, para no hacerle perder el tiempo al gobierno y a los colombianos.

Las FARC no han venido a perder el tiempo en la Habana ni a hacérselo perder a nadie, sino a buscar la paz con justicia social para Colombia, replicó el jueves aquí el líder insurgente Luciano Marín Arango (Iván Márquez). Hemos presentado diez propuestas sobre política agraria y estamos a la espera de una propuesta del gobierno que responda al clamor de cambio del país.

El caso de los policías Víctor Alfonso González y Cristian Camilo Ayate, en el departamento del Valle del Cauca (suroeste), escaló rápidamente, hasta obligar a las dos partes a ventilar en público los alcances de una negociación que corre en paralelo a un conflicto armado.

No se han precisado públicamente los detalles, pero las autoridades calificaron el caso de los policías de secuestro. Sin tocar el asunto, la guerrilla reclamó en un comunicado el martes su derecho a capturar como prisioneros a los miembros de la fuerza pública que se han rendido en combate.

El episodio es particularmente sensible, porque las FARC han reconocido que realizaron secuestros en el pasado para obtener recompensa económica, pero también se comprometieron a suspender esa práctica desde febrero de 2012.

Según una norma interna de la guerrilla, cualquier persona con más de un millón de dólares debía pagar 10 por ciento de su patrimonio para evitar el secuestro, lo que las FARC llaman impuestación para la financiación.

Las cosas hay que llamarlas por su nombre, dijo el miércoles De la Calle. Un secuestro es un secuestro, no importa quién sea la víctima. Las FARC tendrán que responder por este hecho, como por todos los miles de secuestros que han cometido.

Los efectivos de la fuerza pública que se rinden en combate se llaman prisioneros de guerra y este fenómeno se da en cualquier conflicto que haya en el mundo, señaló a su vez el comunicado de la guerrilla.

En reiteradas ocasiones hemos hecho llamados al gobierno para que se produzca un intercambio de prisioneros de guerra, lo cual fue respondido negativamente, añadió la declaración.

Al reiniciarse hoy el diálogo, el gobierno llegó a las conversaciones, como es habitual, sin hablar ante la prensa. Márquez recordó que, al haber orden oficial de persecución en contra de los rebeldes, resulta insensato que el gobierno se queje por las consecuencias de la confrontación.

El caso de los policías sirvió para que las dos partes confirmaran sus visiones contrapuestas sobre el doble escenario de un teatro de operaciones y una mesa de diálogo.

De la Calle dijo que acciones como la de los policías no obligarán al gobierno a un cese del fuego bilateral, lo cual sólo llegará con un acuerdo de paz; mientras tanto, la orden presidencial es perseguir a las FARC y discutir en La Habana la conclusión del conflicto. De ese objetivo no nos vamos a dejar desviar.

También descartó un pacto para regularizar la guerra, lo que consideró una pretensión de la guerrilla para prolongar indefinidamente los combates.

Mientras la comunidad internacional señala que no es por la vía de las armas como se obtienen los cambios y apoyan generosamente las conversaciones, las FARC dan esta respuesta equivocada que atenta contra el proceso. Creemos que hay una oportunidad de paz, pero no una paz a cualquier costo, subrayó el negociador del gobierno.

Al llegar al frente de su delegación al Palacio de las Convenciones, Márquez volvió a poner por delante las insistentes demandas de la guerrilla de cese al fuego bilateral o regularización de la guerra y de asamblea constituyente para consolidar los acuerdos de paz, todo lo cual ha sido rechazado por el gobierno.

Las conversaciones aún están en el primer punto de la agenda, el de la política agraria.