urante el sábado y el domingo pasados, un grupo de 70 opositores a la construcción de una presa en el municipio serrano de Olintla fueron retenidos por un grupo de golpeadores azuzado por el alcalde priísta, Héctor Arroyo Bonilla, quien de esa manera intentó obstaculizar los esfuerzos que ha hecho el Consejo Tiyat Tlali para informar a la población sobre los efectos nocivos que implicará la construcción de una planta hidroeléctrica del Grupo México. Este es solamente un pequeño botón de muestra de los múltiples conflictos que se están generando en el estado de Puebla por el impulso de 22 proyectos mineros y seis hidroeléctricas –según la Asociación de Cronistas Historiadores y Narradores de la Sierra Norte–, que son llevados a cabo por empresas de origen chino, canadiense e inglés, además de las mexicanas.

Ha sido en los dos años que lleva la administración del gobernador panista Rafael Moreno Valle Rosas cuando se ha incrementado la presencia de dichas compañías, pues de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía federal, entre 2011 y 2012 se otorgaron concesiones para explotar 59 mil hectáreas en la geografía poblana. La firma que obtuvo la mayor parte de los permisos fue la canadiense Almaden Minerals, que obtuvo anuencias para la extracción de oro en 45 mil hectáreas.

A la par, se han emprendido proyectos de construcción de seis hidroeléctricas, las cuales, al parecer, están destinadas a abastecer de energía eléctrica y, sobre todo, de agua, a las mineras en cuestión. Tal como están planteados los proyectos, se pretende alterar el libre flujo de varios ríos, sin importar el riesgo que eso implica para la población, los ecosistemas y para la generación de riesgos de desastres.

La aparición de los llamados proyectos de muerte ha generado el temor y la resistencia de la población en por lo menos cuatro regiones del estado: las de Tulcingo del Valle, Zautla, Tetela de Ocampo y Olintla, municipios donde las compañías quieren explotar yacimientos de metales a cielo abierto

Frente a estos brotes de malestar, se ha observado una actitud soterrada del gobierno del estado, pues aunque ha fijado la posición de que no permitirá la instalación de empresas contaminantes, al mismo tiempo facilita los trabajos de dichas compañías mineras que realizan labores de exploración sin contar con los permisos locales y desdeñando siempre las voces críticas de académicos autorizados, así como la inconformidad de la gente.

Pero ante la indiferencia o franca complacencia de la administración morenovallista, han surgido también movimientos ciudadanos bien organizados que se oponen a estos megaproyectos. Es el caso de la asociación civil Tetela Hacia el Futuro, que ha dado una dura batalla contra la minera Frisco, divulgando información e interponiendo recursos legales para evitar que esa compañía del Grupo Carso, que dirige Carlos Slim Helú, abra la mina Espejeras, para extraer a cielo abierto oro y plata.

El 10 de noviembre del año pasado, el pueblo serrano de Zautla se embraveció, y tras una sola jornada de protestas en la que participaron 32 comunidades de la demarcación logró la expulsión de la empresa minera de origen chino JDC Minerales, cuyos trabajadores firmaron un oficio en el que se comprometieron a retirarse del municipio en un plazo de 24 horas.

Los encargados del proyecto de extracción se quedaron sin opciones: los habitantes y la autoridad municipal determinaron en asamblea general no conceder los permisos de uso de suelo, de construcción ni uso de explosivos, sin los cuales la compañía no puede continuar con los trabajos, pese a que cuenta con la autorización del gobierno federal.

Los habitantes se opusieron a las operaciones de la minera ante la amenaza de que contaminara el río Apulco con los químicos que utilizaría en la extracción de tierra. Sin embargo, el gobierno estatal ya ha puesto en marcha mecanismos de presión, corrupción y chantaje que buscan inhibir la participación de los pobladores.

Todos Somos Tulcingo, otra organización surgida para evitar que The Oro East Mining Company explote yacimientos de antimonio en aquel municipio de la sierra Mixteca de Puebla, ha denunciado que el edil Ulises Rodríguez Campos ha recibido ofertas sobre recursos para obras públicas a cambio de que la administración comunal libere los permisos de uso de suelo para la minera.

Porque en su afán de obtener los permisos correspondientes de los ayuntamientos, las empresas no parecen escatimar en nada y al parecer han logrado sobornar a algunos alcaldes para que den el visto bueno a sus proyectos.

En Olintla, por ejemplo, los opositores a la hidroeléctrica tienen serias sospechas de que el alcalde Héctor Arroyo Bonilla está en contubernio con el Grupo México, pues además de alentar a la turba que prácticamente secuestró a 70 activistas y habitantes de Olintla en la junta auxiliar Ignacio Zaragoza este fin de semana, su síndico, Domingo de Jesús Francisco Galindo, y el suplente de éste, Bernardo Vega Sánchez, estuvieron repartiendo volantes y otra propaganda que decía Yo estoy a favor de la presa hidroeléctrica en Olintla.

Las potencias económicas mundiales, y las emergentes como China, están a la caza de lo que queda en el mundo de minerales estratégicos, y se muestran dispuestos a despojar de ellos a quienes los tienen, sin importar las afectaciones que sufran. Lo lamentable es que las autoridades, sobre la base del señuelo de la creación de empleos y del crecimiento económico, permitan la depredación del territorio nacional. Habrá que preguntarse cuál es el motivo real de este entreguismo.

* Periodista de La Jornada de Oriente