Nueva York, 31 de enero. La impunidad de las fuerzas de seguridad ante violaciones de garantías individuales cometidas en el contexto de la lucha contra el crimen organizado, las amenazas contra defensores de derechos humanos, la persistencia de la tortura como ‘‘práctica generalizada’’, la ausencia de protección para los derechos de las mujeres, los trabajadores, los migrantes y los periodistas, definen a México en torno a los derechos humanos, según Human Rights Watch (HRW) en su informe anual.

El capítulo dedicado a México del Informe Mundial 2013 señala que las violaciones cometidas por las fuerzas de seguridad pública incluyen ejecuciones, desapariciones y torturas, y advierte que ‘‘casi ninguno de estos abusos se investiga adecuadamente y esto ha exacerbado el clima de violencia e impunidad que prevalece en muchas regiones del país’’. De enero de 2007 a mediados de noviembre de 2012, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH) emitió informes sobre 109 casos en donde integrantes del Ejército habían cometido graves violaciones, mientras que en ese periodo recibió denuncias de 7 mil 350 abusos militares.

Justicia militar cuestionada

‘‘Una de las principales causas por las cuales se repiten los abusos militares es que los soldados que los cometen casi nunca responden ante la justicia’’, señala Human Rights Watch. Esos casos se investigan dentro del sistema de justicia castrense, donde la Procuraduría General de Justicia Militar inició casi 5 mil investigaciones de violaciones de derechos humanos entre enero de 2007 y abril de 2012, pero durante ese periodo los jueces condenaron sólo a 38 integrantes de las fuerzas armadas.

El informe de HRW afirma que ‘‘la tortura continúa siendo una práctica generalizada en México’’ por parte de las autoridades para obtener información y confesiones, y suele aplicarse durante el periodo en que las víctimas son detenidas arbitrariamente antes de ser presentadas a agentes del Ministerio Público. Las tácticas más comunes son golpizas, asfixia, simulacros de ahogamiento, descargas eléctricas, tortura sexual y amenazas de muerte.

El organismo señala que una razón para la persistencia de estos abusos es la aceptación de algunos jueces de confesiones obtenidas por tortura, a pesar de que esto viola la Constitución, y por otro lado, la impunidad. ‘‘Desde 1994 solamente han sido condenados por tortura dos funcionarios federales. En contraposición a estos datos, la CNDH recibió más de 100 denuncias de esta práctica y más de 4 mil 700 de maltrato entre 2007 y 2011’’, afirma. En los centros de detención ‘‘prevalecen las condiciones de sobrepoblación y falta de higiene’’, y la mayoría de los reos no cuenta con seguridad básica. Citando a la CNDH, se señala que cerca de 60 por ciento de las prisiones ‘‘están controladas por la delincuencia organizada’’.

Sobre migrantes, el informe subraya que muchos de los cientos de miles que cruzan por México sufren graves abusos, tanto del crimen organizado como de autoridades u oficiales mexicanos. Informa que, según la CNDH, cerca de 22 mil migrantes son secuestrados cada año.

Libertades y derechos suprimidos

En el rubro de libertad de expresión, HRW resalta los ataques y presiones contra periodistas, sobre todo aquellos que se han dedicado a denunciar narcotráfico o que ‘‘han asumido una actitud crítica frente a las fuerzas de seguridad y las autoridades’’. Denuncia que las autoridades no han investigado ni juzgado adecuadamente delitos contra miembros de la prensa, ni protegido a periodistas vulnerables, ‘‘lo cual ha propiciado un clima de impunidad y autocensura’’. Informa que entre 2006 y mediados de 2012, se registraron más de 630 denuncias por agresiones contra la prensa, y la fiscalía especial dedicada a este ámbito sólo ha logrado obtener una condena penal desde que fue creada en 2006.

HRW reporta que las leyes y autoridades en México ‘‘no ofrecen protección adecuada a mujeres y niñas contra la violencia doméstica y sexual’’. En torno a los derechos reproductivos, informa que aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la constitucionalidad de una ley del Distrito Federal legalizando el aborto durante las primeras 12 semanas de embarazo, desde entonces 16 de los 32 estados han adoptado reformas reconociendo ‘‘el derecho a la vida’’ desde la concepción, limitando así el derecho de las mujeres a la salud.

En torno a los derechos laborales, reafirma que la ‘‘actividad sindical legítima continúa siendo obstaculizada por convenios negociados entre los sectores gerenciales y los sindicatos afines a éstos’’, y que hay serias dificultades en los esfuerzos de los sindicatos independientes. Resalta que la reforma laboral, sancionada por el Congreso en noviembre de 2012, ‘‘establece complejas condiciones para iniciar huelgas y facilita que los empleadores remplacen a sus trabajadores habituales con personal contratado a corto plazo por terceros intermediarios, lo cual atenta contra derechos sindicales y garantías fundamentales de los trabajadores’’.

El capítulo del informe se puede revisar en: http://www.hrw.org/world-report/2013/country-chapters/113202