El Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (Cilas) llamó a las organizaciones civiles, sindicatos y a trabajadores en general a mantener la unidad ante el indignante fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno al caso del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y añadió que secundarán las acciones de los electricistas, incluso ante instancias internacionales.

En tanto, el SME llamó a la reanudación de la asamblea general extraordinaria para la tarde de mañana 4 de febrero.

Fernando Amezcua, secretario del interior del gremio confió en que se retome el diálogo con el gobierno federal porque las cosas no han terminado e indicó que en la citada asamblea delinearán los pasos próximos luego que esta semana la segunda sala de la SCJN negó al SME un amparo para que los más de 16 mil electricistas que no se liquidaron pudieran ser contratados por la Comisión Federal de Electricidad como patrón sustituto.

El Cilas aseveró que la SCJN es una vergüenza para todas y todos los mexicanos; ha convertido a la justicia mexicana en el hazmerreír del mundo y apuntó que ante la aberración jurídica que ha cometido la Corte, el SME y la sociedad civil harán valer su derecho de manifestarse y buscar justicia con la movilización en las calles y ante instancias internacionales; remarcó que las y los trabajadores electricistas cuentan con el apoyo de sindicatos, organizaciones y de millones de ciudadanos de México y de un sinfín de países.

Insistió en que el fallo emitido por la SCJN con respecto al SME es una mancha vergonzosa en la historia del país que, además de causar indignación, coloca a ese tribunal en un alto nivel de ridículo en el mundo por su genuflexión al Poder Ejecutivo y sus fallos contradictorios e injustos, comparables solamente a aquellos que distinguen a las cortes de regímenes dictatoriales.

Aseveró que el grotesco fallo es un ejemplo de arbitrariedad y autoritarismo, que al negar la protección de los derechos humanos, laborales y sociales de miles de trabajadores electricistas viola los preceptos constitucionales, las leyes secundarias y la normativa internacional.