Aprobada para distensar las campañas políticas, confrontadas por las denuncias sobre excesivo uso de recursos, la determinación del Instituto Federal Electoral (IFE) de adelantar la fiscalización de los gastos sólo para los comicios presidenciales se le ha revertido al organismo. Esa decisión ahora nos está creando un problemón, admite el consejero Lorenzo Córdova.

Agrega que difícilmente se entiende que la revisión de los gastos presidenciales es apenas la primera parte de la historia, y que en junio vendrá la segunda.

No son historias distintas la fiscalización de las campañas presidenciales y la de senadores y diputados, destaca el consejero, quien asume que de volverse a repetir una petición de desfasar la fiscalización de gastos de la campaña presidencial del resto, no lo haría; son aprendizajes, porque lo que en su momento despresurizó las campañas respondiendo a una demanda del Movimiento Progresista para que se revisara el gasto de la alianza Compromiso por México, ahora ha generado mayores presiones al IFE.

El motivo: la fiscalización está ideada para revisar de manera integral los gastos de campañas cuando se trata de elecciones generales (Presidencia, diputados y senadores), porque las erogaciones genéricas pueden distribuirse, al menos en la mitad del monto total, de manera discrecional por los partidos. Con ello, puede darse la hipótesis de que en algún partido los gastos presidenciales estén sobrecargados y a la baja los de diputados y senadores, o viceversa.

Acorde con las disposiciones actuales en la asignación de gastos generales, 50 por ciento del gasto la Unidad de Fiscalización lo distribuye equitativamente entre las campañas beneficiadas, pero el restante 50 por ciento es el partido el que determina los porcentajes de distribución.

Este criterio es el que ha desatado una andanada de críticas en contra de los dictámenes, con la lógica de que no hay paridad en la asignación de gastos entre las coaliciones Compromiso por México y Movimiento Progresista, lo que ha derivado en que Enrique Pena Nieto se mantenga dentro de los márgenes legales y Andrés Manuel López Obrador haya, según los dictámenes, roto el tope de gastos de campaña presidencial de 336.1 millones de pesos.

El espíritu de la regulación

Córdova –quien asume que votó en favor de responder positiva a la demanda de anticipar la revisión de los gastos– considera que fue una decisión no necesariamente acorde con el espíritu de la regulación para fiscalizar las campañas, que está diseñada para un monitoreo integral. Y si algún partido o coalición tiene la estrategia de descargar gastos a una de ellas, se reflejará necesariamente en las otras.

Es la primera vez que algunos criterios de prorrateo son aplicados a una campaña presidencial, y que la revisión de gastos terminará hasta que concluya la fiscalización en los casos de diputados y senadores.

Sin prejuzgar sobre lo que sucederá el miércoles (cuando el Consejo General vote los dictámenes sobre los informes de gastos en las campañas presidenciales) en primera instancia, y en junio después, sostiene que un partido podría tener las finanzas de la campaña presidencial en los términos legales, pero tener rebases en las de diputados o senadores. Se puede dar el caso al revés, eso es parte de la ingeniería financiera de los partidos, de ahí que idealmente la legislación concibiera una fiscalización integral y un informe consolidado de todas.

Finalmente, Córdova concluye: quizá es momento de revisar de nueva cuenta las reglas de fiscalización y en especial los criterios en materia de prorrateo.