Chilpancingo, Gro., 4 de febrero. Mujeres oriundas de las comunidades La Laguna y Hacienda de Dolores, que el pasado 30 de noviembre huyeron de la violencia al poblado Puerto de las Ollas, municipio de Coyuca de Catalán, aseguraron que la administración que encabeza el gobernador Ángel Aguirre Rivero dividió a su movimiento al otorgar dinero a un sector de los afectados.

Leonor Ochoa Segura, María de Jesús Segura Villa, Felipa Santana Díaz y Catalina Pérez Duque aseguraron que a las hijas de Juventina Villa Mojica –asesinada el 28 de noviembre junto con uno de sus hijos– les entregan todo lo que piden, pero a las demás familias se les cortó la ayuda por tener relación con organizaciones no gubernamentales como la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Redgro).

En conferencia de prensa en las instalaciones de la Redgro, las desplazadas exigieron al gobierno estatal justicia para sus familiares asesinados y que al menos les ayuden con despensas, material para construir viviendas en Puerto de las Ollas, y protección ante las amenazas de talamontes y paramilitares de Los Ciruelos, en Coyuca de Catalán.

Las desplazadas rechazaron que Bertoldo Martínez Cruz, dirigente del Frente de Organizaciones del Estado de Guerrero, y Manuel Olivares, secretario técnico de la Redgro, estén lucrando con el caso, como afirmaron la semana pasada Martha y Leticia Santana, hijas de Juventina, quienes les pidieron dejar el caso y anunciaron que ya tienen abogado.

Respaldamos a los dos compañeros, así como al director del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, Raymundo Díaz Taboada, porque es falso que estén lucrando con nuestro movimiento. Al contrario, parte de la ayuda que recibimos es gracias a sus gestiones, sostuvieron.

Las desplazadas recordaron que a Leonor Ochoa le asesinaron a cinco hermanos y cuatro primos; a María de Jesús Segura le mataron a cinco hijos, una hermana, cuatro sobrinos y un cuñado; Felipa Santana tiene un hijo desaparecido y cuatro asesinados, y a Catalina Pérez le asesinaron a su esposo. Leonor se quejó: Nos decepcionó el gobierno, porque no ha cumplido, mucho menos ha hecho justicia a nuestros familiares asesinados.

Mientras, Aguirre Rivero instaló la Comisión para la Armonía y el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, al tiempo que la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg) fijaron posturas opuestas ante la propuesta del gobierno estatal.

Al acto realizado en Casa Guerrero acudieron Jaime Martínez Veloz, comisionado para la Paz en Chiapas, por el gobierno federal, además de los representantes de la CRAC, Pablo Guzmán, y de la Upoeg, Bruno Plácido.

“Reconocemos –dijo Aguirre– el esfuerzo de la CRAC y la Upoeg para unir esfuerzos y combatir la delincuencia que ha enlutado hogares. Tanto la policía comunitaria como los grupos de autodefensa ciudadana no son expresiones directas contra el gobierno, sino resultados del hartazgo de una delincuencia que no conoce límites”.