omo si fuera un papá regañón que advierte a sus hijos sobre su conducta, o un director escolar que previene a los profesores de una escuela sobre las consecuencias de sus actos, Rogelio Franco Castán, legislador local del PRD, hizo notar que los buenos maestros no deben sentirse preocupados por las modificaciones constitucionales, ya que su trabajo será bien remunerado y reconocido por la sociedad. Durante el pleno del Congreso de Veracruz, en que se aprobó la minuta de reforma constitucional, señaló, además, que los cambios eran impostergables.

Sin decirlo expresamente, dejándolo implícito, el diputado estableció una clara diferencia entre los buenos maestros y los que no lo son. Y sus palabras para estos últimos fueron, muy claramente, una amenaza que expresa con claridad el sentido profundo de la reforma educativa aprobada. Si los buenos docentes no deben temer, que se cuiden los malos... Ellos sí deben tener miedo con los cambios aprobados a la Constitución...

Quiénes son los buenos maestros es algo que Franco Castán no precisó. Pero sus palabras dejan en claro que lo que la reforma educativa pretende hacer es poner una espada de Damocles sobre la cabeza del magisterio desobediente, para que pueda ser convenientemente controlado por las autoridades educativas.

Como señaló en La Jornada la profesora-investigadora de la UPN Etelvina Sandoval, esto que se llama reforma educativa no es más que un cambio político-administrativo pensado en el control y en la ejecución de sanciones, bajo la idea creada desde antaño de que la escuela pública no funciona, los niños no aprenden y los maestros no trabajan. Una reforma que no refleja interés por la educación, y que no tiene muchas posibilidades de ser exitosa puesto que los docentes no se han apropiado de su proyecto.

En la exposición de motivos de la iniciativa de reforma se señala que la modificación busca establecer a escala nacional las bases para la creación de un servicio profesional docente que esté integrado por concursos de ingreso para los docentes y para la promoción a cargos con funciones de dirección y de supervisión en la educación básica y media que imparta el Estado. En este sentido, la reforma regula el ingreso, la promoción y la permanencia en el servicio de los maestros.

Esto implica que la nueva norma cambia el régimen laboral al que el magisterio ha estado adscrito. No lo dice explícitamente, pero lo hace. En los hechos, los traslada a un régimen especial del artículo 3º constitucional en el que el gobierno asume el control unilateral de las relaciones laborales. Con ello se hacen a un lado al sindicato, las condiciones generales de trabajo, el reglamento de escalafón; se anula el principio de bilateralidad y se cancela el derecho de inamovilidad de los trabajadores de la educación.

La legislación, explica el abogado Manuel Fuentes, borra súbitamente los derechos laborales magisteriales y los convierte en derechos administrativos. La nueva norma legaliza la posibilidad de despedir a maestros y directores que cuentan ya con una plaza de base definitiva (y, por tanto, con un derecho creado), si no obtienen calificaciones adecuadas en las evaluaciones que se les realicen. Su permanencia en el empleo está en entredicho.

Además, los directores y supervisores escolares ya no serán promovidos por méritos del escalafón, sino mediante procesos de evaluación por oposición. Con ello se abroga en los hechos el escalafón y el sistema de promoción de Carrera Magisterial.

La nueva norma desnaturaliza los alcances del artículo 3º constitucional, que tiene como propósito garantizar el derecho de educación, introduciendo preceptos que deben estar contemplados en el artículo 123 constitucional.

Entrar en el servicio educativo por concurso de admisión cancela definitivamente la integración directa de los egresados de las normales públicas al sistema educativo. Supone dejar de considerar capaces de ocupar una plaza de maestro a quienes han estudiado para ello y han sido evaluados durante años por las propias instituciones formadoras de mentores. Como señala César Navarro: de ese modo, el acceso al trabajo docente pierde su carácter público e institucional para transformarse en un proceso de competencia individualizada, según unos mecanismos de oferta y demanda regulados por los nuevos criterios de profesionalización para los maestros.

La reforma supone que la evaluación regular y permanente a los docentes los hará más competitivos, propiciará su capacitación y mejorará la calidad de la educación. Pero estos supuestos trabajan en otra dirección: obligan a los maestros a concentrar su trabajo en las aulas en preparar a sus alumnos a realizar con éxito los exámenes de opción múltiple. Si los estudiantes aprenden o no es un asunto secundario. Lo central es que pasen las pruebas.

La reforma altera drásticamente la forma en que el maestro se relaciona con su materia de trabajo. En el aula, el docente labora con cierta autonomía, sin la vigilancia continua de directores e inspectores. Puede utilizar discrecionalmente materiales didácticos, escoger el momento más adecuado para impartir algunos contenidos, promover o no la participación directa de los alumnos y utilizar los más variados recursos para mantener el control del grupo.

La nueva norma acaba con esta pequeña autonomía y hace que su experiencia profesional deje de contar. El sistema de exámenes estandarizados para evaluar a los estudiantes, que sirven también de base para calificar a los maestros, junto a los paquetes didácticos homogéneos y los controles programáticos, anula la relativa libertad de cátedra. En los hechos, el nuevo modelo educativo requiere que los profesores dejen de serlo para convertirse en facilitadores sin control del proceso educativo, encargados de prender televisores o pizarrones electrónicos, guías para que los estudiantes se preparen para responder bien el examen, no para aprender.

Es por ello que la reforma que se aprobó en nombre de la calidad educativa es, realmente, para todos los maestros, buenos y malos, una calamidad educativa. Total, la diferencia entre una y otra son sólo dos letras...