ntre las 7:36 y las 7:40 del 11 de marzo de 2004 (11-M) diez explosiones devastaron varios puntos de la red ferroviaria madrileña, mataron a casi 200 personas y lesionaron a mil 858. La información disponible fue manipulada en las horas posteriores por el entonces presidente del gobierno, José María Aznar, y por la mayoría de la clase política y de los medios informativos españoles, para atribuir el origen de la tragedia a un atentado de ETA. Aunque el comunicado en el que las Brigadas de Abu Hafs Al Masri reivindicaban el atentado criminal no se conoció antes de las 21:30, la opinión pública tuvo la certeza, muchas horas antes, de que aquello no había sido un accidente, sino una acción terrorista.

Las ciencias forenses y el avance tecnológico permiten establecer en forma rápida e incontestable la distinción entre una cosa y otra, ya sea por los patrones de las ondas de choque y de la destrucción provocada por el estallido como por la detección de la firma química de los explosivos en el lugar de los hechos. En el caso del 11-M, la policía tuvo, ese mismo día, la certeza de que los fundamentalistas islámicos habían utilizado Goma-2 ECO para perpetrar la masacre.

No especulen, insiste el régimen, mientras su propia conducta mina la credibilidad que pudiera quedarle y alienta la especulación y el escepticismo justificado: cuatro días son demasiado tiempo para que los aparatos de seguridad sigan sin saber si lo que causó la tragedia fue una estufa defectuosa o un artefacto explosivo colocado por manos criminales.

La ausencia de explicaciones verosímiles, por lo demás, coloca a la sociedad ante una disyuntiva irremediable: si las autoridades no han podido establecer la causa del estallido, su ineptitud es galáctica; si ya lo hicieron y no lo difunden es porque han decidido, por el cálculo que sea, encubrir a los autores de un atentado, toda vez que la estufa no ameritaría encubrimiento alguno y hasta le habría dado a Peña las condiciones propicias para que siguiera asoleando su frivolidad en Punta Mita.

Flota, además, la percepción de que en el caso de la torre B2 de Pemex se gesta un nuevo escamoteo de la verdad histórica: ¿quién ordenó el asesinato de Colosio? ¿Cuántas inmundicias escondieron en los expedientes del Fobaproa? ¿Qué clase de karma pudo ser responsable de que a Calderón se le murieran dos secretarios de Gobernación en sendos desastres aéreos?

El grupo en el poder está acostumbrado a mentir, a despreciar a la opinión pública y a ocultar sus enjuagues bajo una pila de declaraciones y fintas investigadoras –llegaremos al pleno esclarecimiento de los hechos, y bla, bla bla– o a extraviar la procuración y la impartición de justicia en plazos inciertos y en vericuetos legaloides. Al final, Salinas se pasea bajo al luz del Sol aunque todo mundo sepa que se robó la partida secreta y los responsables de la tragedia en la guardería ABC permanecen impunes porque eran, o siguen siendo, de los picudos del régimen.

El poder no ha cambiado. El PRI sigue siendo el mismo de siempre, el PAN heredó sus mañas y ahora el tricolor pretende retomar las maneras burdas desplegadas por el blanquiazul en el ejercicio de gobierno. Pero la sociedad y el mundo sí que han evolucionado, y queda poco margen para que el grupo en el poder vuelva a salir con sus prestidigitaciones, sus silencios y sus ruedas de molino. Que informe ya, para empezar: ¿qué pasó en la torre B2 de Pemex?

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