Nueva York, 5 de febrero. Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el gobierno de Estados Unidos conspiró con más de 50 países para crear un programa de detención, rendición, y tortura de sospechosos terroristas, hasta la fecha, con absoluta impunidad, según la investigación independiente más detallada sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas en este programa.

El informe Globalizando la tortura de la Iniciativa de Justicia de Open Society presentado hoy informa que hasta la fecha Estados Unidos y casi todos los gobiernos involucrados han rehusado reconocer su participación o rendir cuentas sobre este programa administrado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), que anuló los derechos más básicos de las personas, facilitó formas atroces de tortura, a veces capturó a la gente equivocada, y dañó la reputación sobre derechos humanos de Estados Unidos a nivel mundial.

El informe reporta que por lo menos 136 individuos fueron sometidos a la rendición extraordinaria, la práctica de trasladar sin proceso legal a detenidos a autoridades de un gobierno extranjero con el propósito de detención e interrogación, o detención por la CIA, y que por lo menos 54 gobiernos participaron en este programa.

El informe detalla que 25 países de Europa, 14 de Asia y 13 de África, más Canadá y Australia, participaron en diferentes grados en el programa de la CIA; desde permitir centros de detención clandestinos de la agencia estadunidense, detener e interrogar y/o torturar a los sospechosos en sus propias instalaciones nacionales, hasta facilitar el traslado y las operaciones aéreas de la agencia.

Entre los países europeos hay muchos que se presentan públicamente como defensores de los derechos humanos a nivel internacional y suelen asumir el papel de jueces de otros países, como Alemania, Dinamarca, Irlanda, Suecia, Reino Unido, Bélgica, Finlandia y España. Entre los países que más colaboraron en este programa, sobre todo para interrogar a los detenidos de la CIA, están Siria, Libia y Egipto.

El informe subraya que con este programa Estados Unidos violó leyes domésticas e internacionales y que al enlistar la participación de decenas de gobiernos extranjeros en estas violaciones, Estados Unidos minó aún más las protecciones de derechos humanos resguardadas en el derecho internacional, incluyendo, en particular, la norma contra la tortura. Pero, agrega, la responsabilidad de todo esto no es exclusivamente de Estados Unidos, sino de todos los gobiernos que participaron y facilitaron este programa.

El informe resume los métodos de tortura –o lo que oficialmente se llamaba técnicas intensificadas de interrogación– aplicados contra los detenidos: arrojarlos contra las paredes, el conocido waterboarding, forzarlos a permanecer en posturas de estrés diseñadas para generar dolor físico, cachetadas de insulto, confinamiento en cajas, desnudez forzada, privación de sueño y manipulación de dieta.

Reitera que en el derecho internacional la tortura está prohibida y que toda acusación tiene que ser investigada y llevada a la justicia penal. Recuerda que al llegar a la Casa Blanca el presidente Barack Obama firmó una orden ejecutiva en 2009 repudiando la tortura, pero no el programa de rendición de la CIA. Aunque ordenó una investigación sobre la práctica de rendición, el informe oficial permanece secreto. Un informe de 6 mil páginas elaborado por el Comité Selecto de Inteligencia del Senado que detalla las operaciones de detención e interrogación se ha completado pero también permanece clasificado.

La Iniciativa de Justicia de Open Society es un programa del Open Society Foundations, organización de investigación y promoción de políticas transparentes, derechos humanos y civiles, y filantropía, fundado por el financiero George Soros.

El informe de 216 páginas está en opensocietyfoundations