egún información difundida el pasado lunes por The New York Times, en días previos a la toma de posesión de Enrique Peña Nieto el gobierno estadunidense presionó
al equipo de transición del mexiquense para evitar la designación del general Moisés García Ochoa como titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, toda vez que Washington sospechaba de posibles vínculos de ese oficial con el crimen organizado y con casos de corrupción. Significativamente, en coincidencia con el relevo en la administración pública federal, el general García Ochoa fue reubicado en la 11 Región Militar, en Torreón, Coahuila, en tanto que Peña Nieto nombró al frente de la dependencia al general Salvador Cienfuegos.
Hasta donde se sabe, las sospechas
del gobierno estadunidense sobre el militar mexicano no han derivado, en ninguno de los dos países, en pesquisa o acusación formal alguna, y resulta imposible determinar si tienen algún fundamento. Lo que resulta claro es que la información publicada por el diario neoyorquino constituye un preciso ejemplo de las maneras solapadas de la intervención de la nación vecina en los asuntos internos de la nuestra. La relación bilateral se caracteriza desde hace tiempo por una constante supeditación de las autoridades nacionales a los designios de Washington, lo cual resulta en una persistente intromisión en nuestro país para modular aspectos de la vida institucional que debieran ser potestad exclusiva de México, además de una utilización oblicua de las filtraciones en los medios para manchar reputaciones, debilitar instituciones y obtener cuotas mayores de obsecuencia por parte de los gobernantes del país.
Por añadidura, la proclividad de Estados Unidos a arrogarse la facultad de vetar a funcionarios de la administración pública federal representa un factor de riesgo particularmente grave para el país y su población: si el nombramiento de los funcionarios de un Estado soberano depende, en última instancia, del beneplácito de una potencia extranjera, se abre la posibilidad de que la conducta de los primeros termine por plegarse a los intereses de la segunda, y ello resulta particularmente grave en terrenos como la defensa nacional, la seguridad y los servicios de inteligencia.
Sería trágico que la nueva administración federal permitiera grados de injerencia estadunidense como los que documentó el conjunto de cables del Departamento de Estado obtenido por Wikileaks y difundido en sus partes sustanciales por este diario en el curso de 2011: desde la grosera intervención de la embajada de Estados Unidos en el proceso sucesorio de 2006 para contrarrestar la extrema debilidad
en que el proceso electoral de ese año dejó a Felipe Calderón, hasta la toma de decisiones estratégicas por funcionarios y agencias de Washington en el contexto de la guerra
proclamada por éste contra el narcotráfico.
Uno de los factores que permitieron el sometimiento del Ejecutivo federal a los designios estadunidenses fue la opacidad con la que se manejó la generalidad de los asuntos del gobierno, incluidos los pormenores de la relación bilateral. Por ello, resulta de suma importancia que la actual administración informe con precisión sobre las versiones dadas a conocer el primer día de esta semana por el rotativo neoyorquino.
En términos generales, es procedente demandar que la administración peñista emprenda una revisión a fondo de la relación bilateral y que, por su parte, la conduzca por cauces de transparencia, soberanía y respeto mutuo. Y esto último no sólo implica conducirse en forma respetuosa hacia el otro país sino, también, reclamar un respeto análogo para el país propio.
