l priísmo en su fase decadente y ahora, cuando alega haberse renovado, según reza su tarjeta de presentación, no adopta, porque no quiere o, tal vez porque no pueda acoger, la peliaguda senda de los intereses del pueblo raso, de esos millones que han quedado mero abajo. Sus atenciones, siempre disfrazadas de pragmatismos modernizantes y responsabilidades al canto, se fijan, con rigideces cada vez más notables en los asuntos, deseos y ambiciones de los de arriba. Ante la soberbia plutocracia local se revisten con sus mejores galas retóricas y les dan todas las seguridades de cumplirles con esmero. Saben bien que, en tal reparto, algo conseguirán, aunque sea sólo una pequeña parte del botín. La mala suerte, empero, se va cebando contra las oportunidades de que un ensamble de estas características pueda continuar sin serias disonancias.

De pronto, como salidos de un letargo, causado tal vez por los tiempos inaugurales del sexenio, los hombres de negocios, agrupados en selecto consejo de poderosos, han aparecido en la escena pública. Y lo han hecho para manifestar su descontento con un punto álgido del famoso Pacto por México. No quieren, porque les afecta seriamente sus intereses, que se elimine el procedimiento contable llamado consolidación fiscal Esta norma permite a las empresas, cuando están agrupadas en un conjunto, compensar las factibles pérdidas con cargo a las utilidades que hubieran tenido en un año cualquiera. Esta es una práctica que les ha permitido eludir el pago de cuantiosas cantidades de impuestos. De no permitirse tales traspasos, los consorcios habrían tenido que pagar sus impuestos de acuerdo con los resultados de cada empresa en particular. Es por ésta y otras variadas prácticas nocivas al interés colectivo que las 400 grandes empresas del país, cuyos ingresos rebasaron los 4 billones de pesos, han tributado, en promedio, sólo 1.7 por ciento, según dictaminó el SAT.

El requiebro del empresariado de gran nivel que integra el más atrincherado de los grupos de presión nacionales, sin duda, ha sido captado por la cúpula gubernamental. Los estira y afloja, con toda su dureza atada, han empezado en el mero núcleo del poder establecido. Es en esta negociación donde se calará la reciedumbre o flaqueza del priísmo recién llegado a las cumbres de Los Pinos. Ésta será, si no la mejor, al menos una de las piezas definitorias del rumbo que seguirán los asuntos públicos. Restar privilegios al empresariado, ya tan arraigados y hasta bifurcados en todo un enjambre de rituales, facilidades, promociones, maniobras y, sobre todo, anclados por férreas complicidades, es una tarea casi imposible para un grupo de políticos recién llegados de la provincia. En apariencia es una tarea mucho más fácil afectar con IVA generalizado (incluyendo alimentos y medicinas) el bienestar de las familias de menores ingresos. Sin embargo, el costo de tal maniobra es previsible en cuanto al desencanto y enojo popular, aspecto que, con seguridad, se pagará en las urnas y en la raigambre conservadora de los priístas cupulares. Hay que recordar que, precisamente, el sector menos favorecido socialmente, el de menores ingresos, el marginal y el plagado por la pobreza y la marginación, fue el que, según recuento oficial, dio el triunfo a Peña Nieto en la presidencial. Y a este conjunto, ya bien castigado, lo volverán a afectar en sus casi nulas posibilidades de mejoría.

Eliminar las prerrogativas al gran capital y a sus empresas parece, a como están las cosas de la legitimidad, una tarea cuesta arriba para una claque oficialista fincada en atender sus desplantes, exigencias y frivolidades. Las mermas de recursos fiscales por las exenciones al IVA (unos 150 mmdp) y por la consolidación (unos 400 mmdp) no pueden seguir subsistiendo ante el enorme cúmulo de necesidades no satisfechas de la sociedad. Si, a estos enormes agujeros de la hacienda pública mencionados, se le suman los que ocasionarán las cesiones de la renta petrolera que el priísmo tiene ya apuntadas como estratégicas en su agenda, la perspectiva futura los obligará a priorizar, con detalle, las decisiones venideras. Lo más probable es que den preferencia a los intereses de la plutocracia y traten de resistir, con auxilio de los medios de comunicación y del resto del aparato de convencimiento, el daño en su imagen popular.

En todo este trajinar irá quedando, más claro que antes, el daño que causa un sistema establecido que trabaja para ahondar desigualdades. Mucha luz sobre tales injusticias arroja ya el caso, resuelto en contra del sindicato de electricistas por la trágica actuación de la SCJN. En este pleito se ha visto, con claridad meridiana, cómo se usan los alegatos de ley para escamotear la justicia. Ante tal situación no queda otra ruta que auxiliar a esa tajada creciente de la población que va ensanchando su conciencia por el uso de recovecos torpes con los que el sistema establecido prolonga su injusto dominio.