La Habana, 6 de febrero. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que hace una década habían propuesto legalizar el consumo de narcóticos, lanzaron hoy una iniciativa para reconocer como lícitos algunos cultivos de mariguana, amapola y hoja de coca y multiplicar en unas cuatro veces la superficie agrícola.

Antes de iniciar aquí en el Palacio de las Convenciones una nueva sesión de diálogo con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, la guerrilla expuso ante la prensa un plan de política agraria, materia del primer punto de agenda de la mesa de conversaciones.

Durante un anterior diálogo de paz (1999-2002), entonces con el presidente Andrés Pastrana, las FARC propusieron legalizar el consumo de narcóticos y remplazar los cultivos de droga por siembras lícitas.

Su propuesta de hoy es reorientar el uso de la tierra hacia producciones agrícolas sostenibles e incluso considerar planos de legalización de algunos cultivos de mariguana, amapola y hoja de coca con fines terapéuticos y medicinales, de uso industrial, o por razones culturales.

Plan agrícola de 8 puntos

En el mismo plan de ocho puntos, los rebeldes plantearon una política de reordenamiento territorial, que conduzca a desestimular la ganadería extensiva y liberar por lo menos 20 millones de hectáreas para propósitos agrícolas.

De acuerdo con reportes oficiales, en Colombia hay unas 39.2 millones de hectáreas dedicadas a la ganadería extensiva y sólo 4.9 millones para la agricultura.

La fórmula sobre cultivos de droga, según la iniciativa rebelde, buscaría mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las comunidades que se dedican a ellos; cesar la persecución policial contra los campesinos involucrados; suspender las aspersiones aéreas; definir zonas de cultivo y producción en función de la demanda y reorientar el uso de la tierra hacia producciones agrícolas sostenibles.

La ampliación de la actual superficie agrícola incluiría, según la propuesta, la creación de nuevos asentamientos rurales para la producción de alimentos, con la incorporación de territorios de indígenas y afrodescendientes.

Las FARC también propusieron una redefinición de los contratos con empresas extranjeras para la explotación minera; una reformulación del régimen de regalías, con un alza significativa del porcentaje a favor de la nación y la eliminación de incentivos fiscales a los inversionistas.