El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) ha sido omiso en enviar observadores y etiquetar recursos en la formación de personas para prevenir la violencia contra el género, sobre todo en estados y municipios indígenas, en donde se registran altos índices de violaciones sexuales y a los derechos humanos de las mujeres, como ocurre en Guerrero, que es tierra de nadie, advirtió a La Jornada Tania Robledo Banda, directora de APIS, Fundación para la Equidad.

La directora de APIS en el Distrito Federal, asociación civil con más de tres décadas en promover los derechos a la salud y civiles de las mujeres, destacó que la violación de las turistas españolas es sólo la punta del iceberg de ese fenómeno e impunidad que priva en esa entidad.

Robledo coincidió con el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer para México (Cedaw, por sus siglas en inglés) en que existe un enorme agujero en la aplicación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, lo cual ha provocado que la violencia de género se invisibilice y naturalice y no pase nada.

Por ello, en octubre pasado la Cedaw (organismo de la ONU para vigilar la aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la cual suscribió el gobierno de México) censuró al gobierno mexicano por los aplazamientos en la aplicación de los mecanismos de protección previstos en la referida ley, así como el lento progreso en el plano estatal en la integración de las órdenes de protección en su legislación y aplicación, para proteger a las mujeres víctimas de la violencia.

Robledo advirtió que Guerrero es uno de los estados donde se registran mayores índices de violencia contra el género, especialmente en las zonas indígenas, donde los usos y costumbres dejan en la indefensión a las mujeres.

Además de que la referida ley no se aplica adecuadamente, lo cual permite que quienes violan a las mujeres permanezcan libres, el Instituto de las Mujeres tendría que atender a quienes viven violencia familiar y de género, y no hemos tenido antecedentes de que esto suceda.

Robledo refirió que en las áreas indígenas se viven situaciones verdaderamente graves; es el caso de Ometepec, en donde una mujer reportó que fue violada por un hombre de la comunidad. Su esposo asesinó al violador y por ello fue detenido. Luego, la víctima de violación tuvo que indemnizar con 45 mil pesos a la viuda, de acuerdo con los usos y costumbres. Como no tenía el dinero, se fue a la cárcel de la comunidad con todo y su hija de tres años. Esta situación refleja claramente la indefensión y violación absoluta de sus derechos humanos. Hay decenas de ejemplos, dijo.

Pese a que se reportó ese caso ante las instancias judiciales respectivas, nadie se quiso meter, con el argumento de que se aplicaban usos y costumbres de la comunidad.

Este tipo de violaciones, destacó Robledo, tendrían que ser abordadas por el Inmujeres o el instituto respectivo a escala local, pero a la fecha no existe acercamiento ni políticas públicas para prevenir y erradicar la violación a los derechos humanos del género.