La promulgación de medidas legales más rígidas que impidan la contratación de mano de obra barata en el campo estadunidense, como la que desempeñan actualmente más de un millón de indocumentados, terminará con uno de los factores que permitieron a este sector una gran acumulación de capital, ya que habría que aumentar los costos laborales, advierte un estudio del Instituto de Política Migratoria (IMP, por sus siglas en inglés) y diversas organizaciones que representan a los más de 2.2 millones de jornaleros en ese país.

De acuerdo con el Censo de agricultura de 2007, los trabajadores produjeron 300 mil millones de dólares en bienes y han expresado su preocupación por el cambio que representaría para los ingresos de campesinos una eventual reforma migratoria, ya que basan buena parte de su economía en el pago de bajos salarios y que se nutre mayormente de mano de obra mexicana –proveniente de Oaxaca, Chiapas y Guerrero–, pues al menos dos tercios de los trabajadores en ese sector nacieron en México y sólo 30 por ciento eran ciudadanos estadunidenses.

Paradójicamente, el documento advierte que México está en una transición, pues si bien se mantiene como exportador de mano de obra barata para el campo estadunidense ha iniciado ya el camino para convertirse en importador de mano de obra en las mismas condiciones para el campo nacional, particularmente proveniente de Guatemala.

El estudio destaca que sólo entre 75 mil y 100 mil puestos de trabajo agrícola en Estados Unidos están certificados para ser ocupados por "trabajadores invitados" extranjeros cada año, por lo que el endurecimiento de las leyes hará más difícil contratarlos y retener a los trabajadores no autorizados, esto significa que habrá más trabajadores circulantes y un mayor uso de contratistas de mano de obra y otros intermediarios dispuestos a absorber el riesgo de ejecución y multas.

Oposición

Dada la incertidumbre política respecto de una eventual reforma migratoria, la mayoría de los empleadores agrícolas se opone a la promulgación de las leyes estatales que penalizan la contratación de trabajadores no autorizados, aunque “algunas empresas están invirtiendo en viviendas para que puedan alojar a más trabajadores invitados, y otros están invirtiendo en máquinas para recortar personal y aumentar la productividad".

Este cambio se da especialmente en un sector en desarrollo de productos conocidos como FHV (por sus siglas en inglés) y que corresponden a frutas, bayas y nueces, verduras, hongos, papas y melones o plantas ornamentales de jardín de invernaderos y viveros cultivados, que absorbieron la mayor parte del gasto en salario de mano de obra directa y mano de obra por contrato.

El estudio subraya que alrededor de la mitad de mexicanos contratados en el campo de Estados Unidos tienen menos de ocho años de escolaridad, en promedio, una tercera parte de los trabajadores agrícolas no habla inglés y otro tercio lo habla un poco. Precisa que más de 60 por ciento de los campesinos están casados, y una cuarta parte de las familias se mezcla, es decir, se integran con miembros que tienen estatus legal y migrantes no autorizados.