Antonio Turrent, presidente de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS), exigió al gobierno de Enrique Peña Nieto que evite la siembra de un millón de semillas de maíz transgénico en el norte del país, y revoque los permisos otorgados con fines experimentales de ese cultivo a cielo abierto, ante los daños a la salud por el consumo de ese alimento.

Durante el Debate público sobre la siembra comercial de maíz transgénico, en la Facultad de Ciencias de la UNAM, advirtió a La Jornada que además de los graves daños a la salud, ese tipo de maíz traería graves afectaciones económicas, sociales y productivas.

Un estudio realizado en Francia advierte de los daños que provocó en hígado, páncreas, riñones y glándulas mamarias de ratas. No se ha demostrado que cauce cáncer, pero sí está asociado con su aparición.

En México estaríamos ante riesgos sin precedente, pues del 53 por ciento de la proteína que comemos, más de 35 por ciento proviene del consumo del maíz. Si se da el permiso para sembrar el maíz transgénico, en Sinaloa y Tamaulipas, a corto plazo van a desaparecer las pequeñas empresas nacionales que venden ese grano, porque se les va a contaminar. Hay que recordar que las empresas multinacionales surten la mayor parte de esa semilla y quieren extender su uso, por lo que representa una amenaza para el grano originario del país.

El especialista del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias adelantó que como representante de los más de mil científicos de la UCCS acudirá, junto con campesinos y otros especialistas, a una reunión con el titular de la Secretaría de Agricultura (Sagarpa), Enrique Martínez, el próximo lunes, para demandarle que impida esas plantaciones.

En 2012, el gobierno de Felipe Calderón autorizó la plantación de mil 800 hectáreas a campo abierto de maíz transgénico, la mayoría con el mismo gen de Monsanto (603) que científicos franceses asociaron con la aparición de cáncer en ratas.

En los experimentos realizados por los científicos de la Universidad de Caen, Francia –expuso Peter Rosset, de El Colegio de la Frontera Sur–, se advirtió que fallecieron prematuramente las ratas alimentadas por dos años con maíz transgénico. En las hembras, todos los grupos alimentados con el transgénico murieron dos y tres veces más rápido que los otros grupos de control que se alimentaron con otro tipo de maíz.

Rosset destacó que el grupo de científicos que puso en tela de juicio los resultados de las referidas investigaciones fueron financiados por Monsanto y otras trasnacionales.

“Este jueves –dijo– esperábamos hablar del tema con funcionarios de la Sagarpa y de la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat), invitados al debate, pero dejaron los asientos vacíos. Es lamentable que no se presentaran. En el sexenio pasado el entonces titular de la Sagarpa se rajó; ahora, aunque priístas, otra vez se rajaron”.

Silvia Ribeiro detalló el papel de Monsanto y sus transgénicos como parte de un proyecto corporativo de control de la agricultura y la alimentación mundiales. “Monsanto –subrayó– controla más de 80 por ciento de los transgénicos en el orbe”. Advirtió también del grave daño que provocan los pesticidas que usa esa multinacional.

Testimonio de ello dio Álvaro Mena, campesino y miembro de la Red en Defensa del Maíz, que presentó imágenes de lo sucedido en Campeche: Fumigaron mil 200 semillas de maíz que sembró Monsanto, y a los pocos días murieron mil 500 colmenas de abejas, por lo cual se perdió la cosecha del año, valuada en 10 millones de pesos, en perjuicio de 50 avicultores de la región.