l pasado cinco de febrero, en Querétaro, Enrique Peña Nieto propuso organizar desde ahora la conmemoración del primer centenario de la Constitución Política de 1917. Este evento, dijo, se desarrollará en cuatro vertientes: recordar, difundir, reflexionar y, sobre todo, cumplir la Constitución. En la tercera de esas vertientes, especificó: Para analizar el estado actual de la Constitución y pensar en nuevas posibilidades para perfeccionarla. Qué habrá querido decir con ello, tratándose de una materia tan controvertida, es un misterio.

Los priístas, de vuelta al gobierno federal y lo han anunciado en todos los tonos, tienen la intención de meterle las manos a la Carta Magna, según ellos, para expurgarla de residuos ideológicos atávicos y obsoletos y ponerla al parejo de la nueva época que estamos viviendo. Tampoco está claro hasta dónde llegan esas intenciones, pero se puede colegir de las llamadas reformas estructurales que andan pregonando. Después de la reforma educativa ya aprobada por el Poder Revisor de la Constitución, sigue en la lista la reforma energética.

En su discurso, Peña Nieto no aludió a esa temática; sólo lamentó que la Carta Magna no se cumpla en muchos de sus postulados y que, para una enorme cantidad de mexicanos, los derechos sean sólo letra en un papel. Desde luego que reivindicó la Constitución y afirmó que para que México aproveche toda su fortaleza y potencial en beneficio de sus habitantes, no hay mejor ruta y mejor guía que la [sic] que define nuestra Constitución y dijo también que el gobierno de la República trabaja para hacer que la Constitución sea una práctica efectiva en la vida diaria de todos los mexicanos.

El PRI, prácticamente, eliminó ya de sus documentos básicos las ideas obsoletas a las que sus dirigentes han venido haciendo referencia, lo que, de hecho, no les costó ningún trabajo. El problema es que todas esas ideas están en la letra de la Constitución y, aunque varias de las leyes y reglamentos en materia energética son violatorios de la Carta Magna, el asunto no se resuelve con meras disposiciones legales o reglamentarias, pues se trata de erradicar el mal y el mal está en la letra de la Ley Fundamental.

También hay que recordar que varias veces los priístas han insinuado que se harán cambios constitucionales sin que se atrevan todavía a declararlo abiertamente. La sociedad y las diferentes fuerzas políticas deberían obligarlos a pronunciarse en ese sentido para saber, en todo caso, a qué atenerse. No les será fácil, pues la Constitución sigue siendo bandera de fuerzas populares y nacionalistas que conservan su vigor. Será cuestión tan sólo de ver qué proponen la tricolores en lugar del texto actualmente vigente del artículo 27.

Al admitir, de modo tan vergonzante, que quieren cambiar la Constitución para ponerla al día sin, por lo demás, decir cuáles son sus planes al respecto, pareciera que sólo están esperando a ver cómo se ponen las cosas y entonces salir con su cuarto a espadas y declarar, entonces sí, en qué piensan cambiar nuestro Máximo Código Político. En éste se especifica que los hidrocarburos en el subsuelo pertenecen a la nación y que todas las actividades dirigidas a su aprovechamiento, en general, correrán a cargo de la misma nación.

Los priístas nos aseguran que ese principio fundamental no será tocado. Se trata, dicen, sólo de reclutar al capital privado para que, asociado con la compañía nacional petrolera, aporte la enorme cantidad de recursos de los que el Estado no dispone. Así, nos doran la píldora, el desarrollo energético de México no tendrá paralelo. Agregan también que todo ello será en beneficio de todos los mexicanos, pues éstos podrán disponer de energéticos baratos. Cómo se va a asociar con Pemex a los capitalistas privados es algo de lo cual no nos han dicho ni media palabra.

Como ha señalado atingentemente Octavio Rodríguez Araujo en su entrega del pasado jueves, hay muchos modos de privatizar y él señala los más importantes. Los priístas pueden comprometerse a no cambiar el principio fundamental que en materia energética está contenido en el artículo 27, pero pueden, al mismo tiempo, introducir en el mismo texto cambios que lleven a la dicha asociación con el capital privado. Eso se puede hacer de mil maneras y los priístas saben cómo hacerlo.

Tal parece que para ellos fue un error del panismo en el gobierno intentar privatizar la industria petrolera sirviéndose sólo de reformas a las leyes en la materia. Los cambios que se requieren, por lo que se ve, deben efectuarse en el mismo texto de la Constitución, pues limitarse a las leyes reglamentarias es una desventaja porque siempre estarán reñidas con la Carta Magna. La dirección de la industria y la propiedad del subsuelo siempre estarán en manos de la nación, por conducto del Estado; pero la reforma, sencilla como pocas, consistiría en establecer que, para lograr sus objetivos, Pemex buscará asociarse.

No se necesitaría nada más. Se aparentará que se respeta la doctrina constitucional nacionalista y, a la vez, se abrirán las compuertas para que los privados, sobre todo extranjeros, se adueñen sin limitación alguna de ese precioso recurso. Todo el resto será fácil: se legislará abundantemente para hacer viable el nuevo estatuto de la industria nacional y se reglamentarán al gusto todas las formas habidas y por haber de participación privada. Quién dirá hasta dónde se puede llegar en esta ruta resulta obvio: el gobierno en turno, priísta o panista.

La evolución que ha experimentado la industria petrolera en los últimos treinta años es la evolución de esa participación privada en la explotación de los hidrocarburos. La actual pugna por la nación no es más que un remache a lo que se ha venido haciendo desde el gobierno de López Portillo y que se caracteriza por una política entreguista y antinacionalista de nuestros recursos naturales al capital privado, sobre todo extranjero. Pemex está invadido por la vía de los contratos a modo (de riesgo o preferentes) por la inversión y la especulación de los privados.

Hay, en especial, otra razón, ya señalada, por la cual la Constitución está en la mira de los priístas: que sus postulados nacionalistas han sido tradicionalmente la bandera de las fuerzas progresistas y de izquierda en México. Los tricolores pretenden acabar, de una vez por todas, con ese remanente ideológico que, a ellos, particularmente, los pone siempre en embarazo. Desde luego que hace ya mucho tiempo que ellos perdieron su orgullo y su pundonor nacionalistas, pero siguen postulándose como los abanderados del progreso de México. Tienen que acabar con el fetiche constitucional que es, justo, al que más temen.

Como puede verse con facilidad, una gran embestida en contra de la Constitución se está cocinando y, de no encontrar oposición, muy pronto veremos que la riqueza de la nación habrá sido dilapidada y echada a la basura con el propósito exclusivo de enriquecer a unos cuantos privados. Y todo en aras del desarrollo…