El titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Miguel Ángel Osorio Chong, mostrará en los próximos días cuál será la respuesta del gobierno federal ante diversas expresiones sociales, opositoras a las normas reconocidos por el Estado mexicano.

Por un lado, la SG debe atender a los grupos que exigen cancelar cientos de procesos penales contra opositores a las altas tarifas eléctricas.

De otra parte, debe fijar una estrategia, en coordinación con gobiernos estatales, ante las acciones de las grupos de autodefensa, principalmente en tres regiones de Guerrero. Además, está pendiente la respuesta a reclamos del Sindicato Mexicano de Electricistas, pues –a más de tres años del cierre de Luz y Fuerza del Centro– unos 16 mil trabajadores se niegan a aceptar la liquidación.

El viernes pasado, brigadas de autodefensa entregaron a las autoridades de Guerrero a 11 presuntos delincuentes, como resultado de una negociación entre el gobierno y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, con el aval del secretario Osorio Chong.

El abogado David Peña Rodríguez, asesor jurídico de las organizaciones que exigen la reducción de tarifas de luz, señaló al término de una reunión con el subsecretario de Gobierno de la SG, Luis Enrique Miranda:

Nos preocupa que la Procuraduría General de la República utiliza el Código Penal para criminalizar la pobreza, la protesta social y la inconformidad.

Acompañado de otros representantes de grupos que exigen bajar las tarifas (aseguran que un sector amplio de la población en el país gasta entre 30 y 40 por ciento de su ingreso para pagar el servicio), el asesor jurídico señaló que ante una protesta social, la Comisión Federal de Electricidad se limita a interponer denuncias penales, mismas que han sido consignadas por la PGR en una decena de entidades.

Lo referido provoca que la gente pase meses en prisión por dejar de pagar la luz.

Por ello, pidió a la SG que ponga un foco de atención en esta problemática; evitar que la PGR haga esta criminalización de la pobreza, y se cambie la estrategia de la CFE acerca de la forma en que ejercen los cobros, con base en un esquema tarifario desproporcional.

Solicitan –por otra parte– la cancelación de proyectos de trasnacionales en el sector energético, como la presa La Parota.