La mala defensa jurídica de muchos de los presos los hace permanecer en reclusión más allá de lo que es la pena fijada, porque se retrasan procesos y en muchas ocasiones para que la autoridad justifique su trabajo se les fincan otros delitos que no cometieron, lamentó Pedro Arellano, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados de la Pastoral Penitenciaria Goel, instancia que comenzó a operar hace tres meses.

En entrevista, Arellano, quien dirige la Pastoral Penitenciaria de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), indicó que actualmente cuentan con el apoyo de 120 litigantes, pero que para atender la demanda a escala nacional requieren de por lo menos 450 abogados, pues recordó que la Pastoral Penitenciaria opera en 87 de las 92 diócesis.

Agregó que el colegio está invitando a todos los abogados que estén dispuestos a realizar esta labor en pro de la justicia y del apoyo a quienes se les han violentado derechos, y que además tengan la disposición para efectuar este trabajo de manera gratuita.

Llamado a universidades cristianas

Refirió que han invitado a universidades de inspiración cristiana y que imparten la licenciatura en derecho para que sus estudiantes realicen prácticas profesionales. No obstante, resaltó que la convocatoria no es exclusiva a litigantes que compartan el credo católico.

El 29 de octubre pasado el arzobispo de Tulancingo, Domingo Díaz Martínez, bendijo el inicio de labores del colegio y pidió a sus miembros velar por los presos que han sido injustamente encarcelados, especialmente aquellos que no cuentan con recursos económicos para una defensa adecuada y justa.

Arellano detalló que entre los problemas que experimenta el ámbito penitenciario en el país está la saturación de los reclusorios por la alta carcelarización, incluso por delitos menores para los que podrían aplicarse penas alternativas. Señaló que una encuesta de la Pastoral Penitenciaria arrojó que 28 por ciento de quienes ocupan las cárceles cometieron delitos en un entorno de adicción. Entonces uno de los asuntos por los que luchará el colegio será lograr que aquellos que hayan cometido un primer delito menor en esta situación tengan derecho a rehabilitación.

Subrayó que otro gran problema es la crisis del sistema penitenciario, a lo que se suma que prevalece la injusticia, la fabricación de pruebas y el desaseo en las investigaciones e integración de averiguaciones, lo que incide en que personas que no debieran ser recluidas estén en la cárcel.