Madrid, 12 de febrero. Tres personas –un ciudadano de Basauri y un matrimonio de jubilados de Palma de Mallorca– se suicidaron hoy ante el inminente desahucio de sus viviendas por el impago de un crédito hipotecario. Un drama que se suma al ocurrido el pasado viernes en Córdoba y con los que suman ya 12 desde el inicio de la crisis en España, en 2008. En el Parlamento español, entre tanto, se presentó y se admitió a trámite una iniciativa popular respaldada por un millón y medio de firmas con la que se exige el cambio de la legislación hipotecaria para regular la dación en pago.

Hoy fue una jornada especialmente intensa tanto al dentro como fuera del Congreso de los Diputados de España. Era un día clave para la Plataforma Alto a los Desahucios (PAH) y para los miles de activistas y ciudadanos que han padecido en carne propia la severidad de la legislación española en materia hipotecaria, de las únicas del mundo occidental que no contemplan que tras el impago de una deuda por un inmueble y el cambio de titularidad a favor de la entidad financiera se termine la deuda, sino que ésta continúa.

En España, desde el inicio de la crisis, se lanza a alrededor de 500 personas al día, con lo que ya son más de 400 mil familias expulsadas de sus hogares. Un drama que se ha convertido en irreversible para 12 casas que han padecido además el suicidio de alguno de los cabezas de familia.

Los últimos tres suicidios ocurrieron a unas horas de diferencia. Primero se informó del cometido en la localidad vasca de Basauri, de un hombre de 56 años cuya identidad ha permanecido en el anonimato por deseo de la familia. Sí trascendió, según informó la PAH, que dejó una nota en la que escribió un contundente: No puedo más.

Unas horas después –y mientras el Parlamento español ya debatía la propuesta popular, a la que el derechista Partido Popular (PP) había anunciado su voto en contra–, trascendió que un matrimonio de jubilados se suicidó. Dejaron una carta en la que argumentaron que su último acto desesperado tenía relación directa con el aviso que habían recibido de los juzgados en el que les informaban que serían desalojados de su hogar en los próximos días. Tenían 68 y 67 años.

Mientras en Palma de Mallorca los dos ancianos decidían quitarse la vida, en Madrid los diputados españoles debatían una iniciativa popular que se presentó ante el Parlamento con el aval de un millón 500 mil firmas. El debate comenzó con una sesión ya caldeada y tensa.

El PP y el gobierno de Mariano Rajoy ya habían mostrado sus cartas antes del debate de las propuestas: darían su apoyo inequívoco a los toros, al considerar que son el denominador común de todas las culturas del país, y rechazarían la propuesta ciudadana que pretende terminar con el drama de los desahucios e impulsar una reforma de mínimos en la legislación hipotecaria.

Pero el plan previsto por el gobierno y el partido conservador se alteró de repente. Probablemente el suicidio del matrimonio de jubilados o la presión popular que mantenían en las puertas del Congreso los activistas de la PAH o, simplemente, por una cuestión de imagen tras coincidir en el debate de la propuesta popular sobre los toros, pero el caso es que el PP cambió de opinión y admitió la iniciativa. Cabe recordar que el PP tiene mayoría absoluta y que, por tanto, todas las aprobaciones pasan por su beneplácito. Lo que no significa que la iniciativa se apruebe, ya que sólo se va a debatir y en principio el PP está en contra, al defender la postura de la banca.