nrique Peña Nieto busca reconstituir el presidencialismo cesarista de antaño. En ese proceso de recuperación de un poder devaluado por Fox y Calderón durante 12 años, e incluso durante el zedillismo preparatorio del arribo de ese panismo a Los Pinos, Peña Nieto y sus asesores y guías están afectando intereses de sus aliados empresariales y sindicales, pero no porque deseen someterlos a esquemas de justicia social o haya detonado en la cúspide del neosalinismo una súbita vocación revolucionaria profunda. Es decir, no se está frente a políticas como las tomadas por Hugo Chávez o los Kirchner respecto a medios de comunicación, por ejemplo (¿se atreverá Televisa a tachar a EPN de ser un Chávez mexicano?): lo que sucede es que el rediseño necesario para esta reinstalación del PRI en el mando y para sus proyectos de permanencia a largo plazo requieren una redefinición tajante de la relación entre los poderes económico y político, reubicando por debajo de la silla presidencial a los desbordados y retadores jefes de los corporativos dominantes de la vida económica nacional, sobre todo en lo relacionado con las telecomunicaciones, y a los desbordados y retadores caciques sindicales, como ha sucedido en el SNTE y como podría acontecer en el ámbito petrolero.

Peña Nieto se sabe producto político de la televisión, pero para afianzarse y consolidarse necesita someter a tal matriz de pantalla. También sabe lo que les debe a otros empresarios generosos con su campaña. Por ello ha impulsado la nueva ley de amparo, que entre otras cosas coloca a los concesionarios de bienes de la nación, como las telecomunicaciones, las minas y los energéticos, en una situación de fragilidad jurídica que sólo podrá ser resuelta mediante negociaciones en las que, por ejemplo, los barones de la televisión, Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego, no sigan sintiéndose dueños de un poder inercial que no necesita refrendos sexenales.

Con la propuesta de ley de amparo que ayer aprobaron los diputados y regresaron al Senado para que se atiendan algunas modificaciones, se despojará a los notables del empresariado mexicano (si el ciclo legislativo se cumple tal cual quedó planteado) de las armas judiciales que les permitían sostener largos litigios con el Estado mientras sus negocios seguían funcionando sin alteración e incluso, en el caso de los televisivos, chantajeando a los gobernantes mediante periodismo y comentaristas de circunstancias. Pero no hay un cambio de fondo ni intenciones de reivindicación social. Sólo son forcejeos de élite para replantear relaciones entre sus miembros, una fórmula de recuperación del estilo cesarista clásico del priísmo que había sido diluido por empresarios poderosos, sobre todo los concesionarios de las televisoras, que ahora deberán renegociar los términos de los entendimientos finalmente felices.

En Aeroméxico se vive también un reacomodo accionario y directivo que corre junto a los nuevos tiempos pinoleros. El empresario Eduardo Tricio Haro ha redondeado un poco más de 20 por ciento de las acciones de la línea aérea en mención y ha ocupado la presidencia del consejo de administración. Ha desplazado a José Luis Barraza, empresario exitoso en asuntos inmobiliarios en las ciudades de Chihuahua y Delicias, quien por azares de la guerra sucia fue promotor de mensajes televisivos contra Andrés Manuel López Obrador a nombre del Consejo Coordinador Empresarial que presidía (recuérdese que los dueños del capital dominante suelen enviar a algunos empleados a encabezar cámaras y organismos empresariales) y de donde saltó sin proporción alguna a la participación accionaria en Aeroméxico y a la presidencia de su consejo de administración. Dado que el calderonismo ya no tiene fuerza, Barraza y sus ganancias se retiran del pilotaje central y dejan el camino a un lagunero que, como Ricardo Martín Bringas, de Soriana, ha sido solidario con el peñismo.

En otra historieta de pretensiones político-empresariales, el jefe del Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, nombró un city manager. Como en otras decisiones importantes, se acogió a la experiencia de funcionarios que fueron del equipo de Marcelo Ebrard, como el propio MAM. En esta ocasión designó a Fernando Aboitiz, quien fue delegado a nombre del PAN en Miguel Hidalgo y luego fue expulsado del partido de blanco y azul por apoyar electoralmente al perredismo en 2006, hasta terminar como secretario de Obras en el gabinete del mencionado Ebrard. El titular de la Agencia de Gestión Urbana tendrá un nivel político por encima de varios secretarios y sostendrá negociaciones con empresarios urbanos, tema éste en el que ya ha recibido acusaciones por supuestas irregularidades.

Entre otros casos de pederastia clerical tolerada, la administración de Benedicto XVI deja pendientes las acusaciones contra un sacerdote fuertemente protegido por el arzobispo de Oaxaca, José Luis Chávez Botello. A pesar de los diversos testimonios contra Gerardo Silvestre Hernández, presentados por una decena de curas de la entidad a las autoridades vaticanas, lo más que se ha hecho es el nombramiento de un obispo auxiliar, Gonzalo Alonso Calzada Guerrero, quien tomó posesión del cargo el pasado 5, con un lenguaje distinto al del conservadurismo practicado por Chávez Botello. Por ejemplo, dijo que su prioridad en la atención pastoral serán los pobres, que tratará de aprender del pueblo y, especialmente, de las culturas indígenas, y que buscará la verdad con humildad. En el gobierno de Gabino Cué, mientras tanto, a pesar de los indicios del abuso contra los 45 niños indígenas, la maquinaria de procuración de justicia está atenta a las presiones del arzobispo Chávez Botello y a los siempre convulsos tiempos políticos oaxaqueños.

Y, mientras la Riviera Nayarit, con Punta Mita, sigue estando en el interés central del peñismo, ahora con el anuncio del plan nacional turístico, en un contexto que repite el interés de ciertos mandatarios en zonas de descanso cuyo desarrollo les resulta atractivo, ¡hasta mañana, con Fidel Herrera como reaparecido político en Veracruz!

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