El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) envió ayer a Francisco Agustín Arroyo Vieyra, presidente dela mesa directiva de la Cámara de Diputados, una carta en la cual solicita a los legisladores que tengan en cuenta las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado mexicano, en el momento de discutir la nueva Ley de Amparo.

En su misiva, la organización con sede en Washington recordó que las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, agredidas sexualmente por elementos del Ejército en 2002, no tuvieron acceso a un recurso judicial efectivo, pues no se les permitió impugnar la decisión de que sus casos fueran resueltos por la justicia militar.

Una situación similar vivieron los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García, quienes fueron torturados por soldados en 1999 debido a su participación en la defensa de los bosques de la sierra de Guerrero.

En esos tres casos, recordó el Cejil, la CIDH ordenó al gobierno de México que emprendiera las reformas pertinentes para que las personas afectadas por la intervención del fuero militar cuenten con un recurso efectivo de impugnación.

En el mismo sentido, el Tribunal Interamericano determinó que el sistema mexicano de amparo, al no proveer a la víctima de la posibilidad de impugnar la competencia del órgano en que se investiga o juzga el delito, violenta normas obligatorias para el país bajo el derecho internacional de los derechos humanos.

Por lo anterior, el Cejil llamó a los legisladores a utilizar este momento histórico de discusión de una nueva Ley de Amparo para honrar los compromisos internacionales del Estado mexicano y dar puntual cumplimiento a lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las sentencias citadas.