Los grupos legislativos del PRI y del PVEM presentaron ayer en el Senado lo que se considera es la iniciativa gubernamental para regular el endeudamiento de estados y municipios y reducir el costo del financiamiento para los gobiernos locales responsables.

Se trata de un paquete de reformas constitucionales y legales que, a diferencia de las iniciativas en la materia presentadas por el PAN y el PRD, deja fuera al Congreso de la regulación de la deuda. En tribuna, el senador priísta José Yunes Zorrilla manifestó que son regulaciones que respetan el pacto federal.

El gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda, queda como aval de los créditos vía la suscripción de convenios y bajo regulaciones específicas, entre éstas que el monto total de créditos estatales no deberá sobrepasar 3 por ciento del producto interno bruto ni 75 por ciento de los ingresos disponibles de cada entidad.

Aquellos estados cuyo endeudamiento sea mayor a 75 por ciento de su capacidad de pago –caso en que están ahora Coahuila, Nuevo León, Quintana Roo, Nayarit y Chihuahua– no tendrán acceso a los beneficios de la nueva legislación.

La propuesta, signada por el coordinador del PRI, Emilio Gamboa Patrón, todos los integrantes de su bancada y la del PVEM, modifica dos artículos de la Carta Magna y crea un ordenamiento: la ley de disciplina financiera para entidades federativas y municipios, reglamentaria de la fracción sexta del artículo 73 constitucional. Además cambia la Ley de Coordinación Fiscal y crea un capítulo a la Ley General de Deuda Pública.

En conferencia de prensa, los senadores priístas José Francisco Yunes Zorrila, Manuel Cavazos Lerma, Blanca Alcalá y el verde Luis Armando Melgar detallaron que se crea el mecanismo de deuda estatal garantizada (DEG), que contará con la garantía del gobierno federal, sujeta a la suscripción de un convenio entre la entidad y la Secretaría de Hacienda.

El acceso al crédito será gradual y dependerá del cumplimiento permanente del convenio. Para las entidades ahora endeudadas, cuyo pasivo supere 75 por ciento de sus ingresos, detalló el senador Cavazos, la ley establece un plazo de ajuste, que en el primer año es de 25 por ciento y en el tercero de 75.

Sólo entonces la entidad podrá acceder al convenio deuda estatal garantizada, que permitirá a los estados minimizar los costos del crédito, ya que los bancos cobran menos porque el riesgo es menor. Aclaró que el DEG no es un mecanismo para rescatar a los estados, ya que las obligaciones de pago siguen siendo de las entidades.

El coordinador de los senadores del PRD, Luis Miguel Barbosa, demandó entablar negociaciones de inmediato entre todos los grupos parlamentarios, con el propósito de construir una propuesta común en materia de deuda de los estados.

El perredista Armando Ríos Piter, uno de los autores de la iniciativa del PRD en la materia, manifestó que es preocupante que la propuesta priísta marque el retorno a un régimen presidencialista, en el cual la Secretaría de Hacienda se convierte nuevamente en una entidad todopoderosa, con discrecionalidad en materia de finanzas públicas.

Adelantó que el partido del sol azteca pugnará por fortalecer los controles del Congreso, para reducir los feudos estatales.