El secretario general del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai), Juan Pablo Guerrero Amparán, cuestiona que el Congreso pretenda fortalecer la autonomía del órgano colegiado decapitándolo.

Sostiene que el presidente del organismo, Gerardo Laveaga, no tiene alternativa, más que acatar y asumir las responsabilidades que resulten de las investigaciones que realiza la Secretaría de la Función Pública (SFP) a la comisionada Sigrid Arzt, por presunto conflicto de intereses.

Asegura que hasta el último detalle de las indagaciones de la SFP se publicará, aunque acota: todos tenemos derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso. A Sigrid Arzt, ex secretaria técnica del Consejo de Seguridad Nacional en el gobierno de Felipe Calderón, se le acusa de haber solicitado información con dos nombres falsos y no excusarse de la votación de los recursos en revisión.

En entrevista, Guerrero Amparán anuncia una serie de transformaciones ante la ampliación de las facultades del instituto, como contestar en tiempos récord las solicitudes y construir métodos alternativos para que la gente más desprovista acceda al derecho a la información. Pero antes cuestiona: ¿por qué callaron cuando celebramos los 10 años de transparencia, quienes hoy se pronuncian por remover a todos o a algunos de los comisionados?

Advierte que si los legisladores optan por modificar la minuta que prevé la permanencia de los comisionados actuales, se corre el riesgo no sólo de herir uno de los fundamentos de la autonomía institucional, sino de seleccionar un nuevo cuerpo colegiado bajo criterios de carácter político.

El experto en transparencia y ex comisionado del instituto, insiste en que es paradójico que se pretenda dar mayor autonomía al Ifai decapitándolo. Me parece una evidente contradicción, pero ese análisis yo lo hago más allá de quiénes son (los comisionados) y cómo se llaman.

Nombrado por unanimidad en el encargo, en medio de la crisis que aqueja al instituto ante el escándalo suscitado por los señalamientos contra Arzt y Laveaga –a quien se acusa de perezoso y de desconocer la ley en la materia–, admite que lo anterior ha afectado la imagen del Ifai, pero no al grado de decir que se está cayendo.

En 10 años, el instituto ha entregado a la sociedad un enorme beneficio: el derecho a saber. En combinación con la protección de datos, esa entrega que hace a diario el órgano colegiado constituye por parte del Estado la aportación más sólida para construir ciudadanía. ¿Se va a borrar esto de un plumazo? ¡Por supuesto que no!, advierte.

Considera que los diferendos entre los comisionados son temporales y perfectamente normales, de forma tal que los conflictos entre estos funcionarios, a raíz de la sucesión por la presidencia del Ifai, no pueden borrar los beneficios de dicho órgano.

De regreso a la institución que ayudó a edificar, Guerrero Amparán adelanta que en sus nuevas funciones plantea trazar un plan que trascienda el ciclo anual para imaginarnos en cinco, en 10 años. Esto, en el nuevo escenario de la autonomía constitucional.

Además, propone realizar un diagnóstico desde aspectos que tocan el tema presupuestario hasta la generación de reglas que tendrán que derivar de la reforma a la Carta Magna, como los cambios que deberán hacerse al reglamento interno de este órgano colegiado.

Otros de los objetivos –destaca– son contestar en tiempos récord a las solicitudes y dar en todo nuestro esfuerzo el criterio implícito de máxima publicidad, para que el instituto se convierta en la agencia gubernamental más transparente de México y, luego, la más transparente del mundo.

Uno de los retos centrales dice– es hacer un Ifai más cercano a la gente, para que el derecho a la información esté al alcance de todos. Si hoy podemos adquirir por teléfono un boleto de autobús o de cine, o hacer una queja, muy pronto deberemos plantearnos que se puedan hacer solicitudes por ese medio.

Por último, se dice convencido de que va a llegar la normalidad de la nueva conducción institucional con Laveaga.