Quito, 14 de febrero. El gobierno de Rafael Correa llega este domingo a su segunda elección presidencial con la bandera de una revolución ciudadana –la revolución del buen vivir o sumak kawsay– que ha sufrido una profunda fractura en las izquierdas.

Esta vez contiende con Alberto Acosta, antiguo condiscípulo, principal impulsor de las renovadoras leyes de la nueva constitución de 2008, bajo las siglas de un nuevo partido, Unidad Plurinacional, en alianza con Pachakutik, el brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Coniae) y el Movimiento Popular Democrático, partido de raíz maoista, fuerte hasta hace poco en el sindicalismo magisterial.

La distancia entre Acosta y Correa, amigos muy cercanos y compañeros de ruta por muchos años, empezó a perfilarse por su crítica a la estrategia gubernamental de extracción petrolera y el aprovechamiento de recursos naturales, área en la que el gobierno de Correa ha hecho fuertes inversiones y ha aceptado inversionistas sobre todo de China y Brasil, y también de Irán. Ni consenso de Washington ni consenso de Beijing, es una de las frases de campaña del opositor.

También contiende Norman Wray, joven socialdemócrata que lideró una escisión de PAIS bajo el nombre de Ruptura 25. Lo apoyan sobre todo ecologistas y activistas de una gama de causas alternativas.

Estas dos fuerzas de la oposición, que juntas no reúnen en las encuestas ni 10 por ciento de las preferencias electorales, a pesar del amplio espacio que reciben de cobertura mediática, basan sus campañas en un discurso de conservación ambiental y antiextractivista y denuncian que con las políticas de desarrollo actuales se traiciona el derecho a la naturaleza, uno de los ejes más innovadores de la constitución de Montecristi, la ciudad donde se suscribió la Carta Magna.

El origen de la ruptura

Parte de esta fractura se vislumbraba ya en 2010, cuando sectores ligados al coronel Lucio Gutiérrez –también candidato por el partido Sociedad Patriótica– y a los banqueros afectados por las reformas de Correa gestaron un fallido golpe de Estado bajo la cobertura de una revuelta policiaca, el 30 de septiembre de ese año. Cientos de miles de ciudadanos se lanzaron a las calles, especialmente en Quito, para abortar la intentona, pero en esas impresionantes marchas en defensa del presidente Correa fue notable la ausencia del movimiento indígena, que había sido desde los años 90 el motor de todos los procesos de cambio en el país.

Incluso parte del liderazgo de la Conaie, con su dirigente Lourdes Tobán, aplaudieron en esa ocasión a las fuerzas golpistas.

A partir del intento de golpe de Estado estas diferencias se radicalizaron. Correa no ahorró en calificativos para criticar a estos grupos que disentían desde dentro de su proyecto de gobierno.

Desde la perspectiva del antropólogo Eloy Alfaro Reyes, activista de derechos humanos, el presidente y su entorno radicalizaron su talante autoritario e intolerante y terminaron por polarizar a las fuerzas progresistas.

El divorcio de estas organizaciones fue definitivo, en su opinión, a raíz del plebiscito que se organizó en 2011. Entre los temas consultados figuraban reformas a la elección de jueces en la Suprema Corte de Justicia y de la judicatura y la regulación de los medios de comunicación. En ese momento Correa adopta la postura de: estás conmigo o contra mí, señala el antropólogo, autor de un libro reciente La estética del poderío en la revolución ciudadana, en el que afirma que este proceso ya no es más una ilusión, sino el aborto de un sueño de décadas de la sociedad ecuatoriana.

No, presidente; así no

Con el plebiscito Correa pretende meter mano a la justicia y la respuesta de muchos que habían estado con él en su primera administración respondieron: no, presidente, así no, agrega Alfaro Reyes. De hecho, el resultado de la consulta quedó muy lejos de las previsiones del gobierno y en algunas regiones, sobre todo en aquellas más afectadas por los proyectos mineros, las iniciativas presidenciales casi no ganan.

Ese fue el caso de las provincias de Zamora-Chinchipe, Morona y Azuay, donde se impusieron sin consulta megaproyectos mineros que afectaron a las poblaciones indígenas y afro. En estas zonas la oposición a la expansión de la explotación del subsuelo ha provocado movilizaciones y represión, al grado que hay al menos 200 dirigentes populares con procesos judiciales en curso, indica Alfaro.

Para el oficialismo el discurso ambientalista de Acosta y los demas opositores no ha merecido más que descalificaciones. Les dicen ecologistas infantiles. Pero no han dado una respuesta sobre cómo van a evitar la devastación de la naturaleza con la explotación a cielo abierto.

Una de las rupturas más complejas de Alianza PAIS es la que se fue gestando gradualmente con el movimiento indígena, que desde principios de los años 90 –incluso antes que los levantamientos en Bolivia y en Chiapas– protagonizó los principales momentos de rebelión en Ecuador. Primero derrocaron a un presidente declarado loco, Abdalá Bucaram; y despues al neoliberal ortodoxo Jamil Mahuad. Es entonces cuando los indígenas de todo el país apoyan para la presidencia a un militar que se decía populista, Lucio Gutiérrez.

El objetivo, conseguir escaños en la Asamblea

El coronel, que llegó a trabajar para los servicios secretos de Estados Unidos, incluso se conquistó la confianza del venezolano Hugo Chávez. Pero al llegar a la presidencia abandonó sus postulados de izquierda. Y otra rebelión, pero esta no sólo de matriz indígena, sino urbana también, con los movimientos sociales, obreros, derechohumanistas que por años se opusieron a las dictaduras, armaron otro frente de rebelión, la llamada revolución forrajida, que terminó por derrocar a Gutiérrez. Su traición fue, como lo expresaría años más tarde la dirigente de la Coniae, Blanca Chancoso, un cataclismo para el movimiento indígena.

Sin posibilidades reales de ganar la presidencia, Acosta recorrió en una intensa campaña por todo el país, soportada sobretodo por Pachakutik, que sí tiene estructuras a nivel nacional.

Tanto para la Unidad Plurinacional como para Ruptura el objetivo es conseguir al menos 18 escaños en la asamblea, lo que es factible, según algunos analistas de tendencias electorales.

Para Alfaro, esta franja de representantes populares de la oposición de izquierda es la única forma de que en el legislativo se siga hablando de defensa de la tierra en contra de la minería, de reforma agraria, de derechos indígenas, de diversidad sexual: si esto no se logra, el discurso alternativo va a desaparecer, concluye.