Si Iztapalapa tiene una situación complicada, hay otros lugares del país de los que decíamos: ¿de verdad nos vamos a ir a meter ahí?, relata Roberto Campa Cifrián, responsable del programa federal de prevención del delito.

En un país donde los hechos violentos se multiplican (la incidencia de delitos federales creció 83 por ciento durante el periodo 2001-2011) y se ha ampliado el sentimiento de inseguridad, el gobierno eligió un plan que apuesta al empoderamiento ciudadano, aunque no se descarta la promoción de otras opciones, como la preliberación de reos.

El rango de acción inicial son 57 demarcaciones (48 municipios, dos delegaciones del Distrito Federal –Iztapalapa y Gustavo A. Madero– y siete zonas metropolitanas: La Laguna, Guadalajara, Cuernavaca, Monterrey, Querétaro, Veracruz y Zacatecas). Las experiencias que se retoman son de casos locales como los de Ciudad Juárez, Chihuahua; Tijuana, Baja California, y la capital de Aguascalientes.

Según los responsables del área, ahora parte de la Secretaría de Gobernación (SG), la participación ciudadana es la vía para combatir –como se apunta en el documento de trabajo del programa– el desánimo social y la disminución de la autoestima nacional.

Eso significa, según los constructores de la estrategia, llegar a un municipio o demarcación determinada; luego, a una colonia o comunidad específica y, enseguida, a la cuadra más riesgosa. Una vez frente a frente con el foco rojo, se darán atribuciones a los ciudadanos para que sean ellos quienes digan por dónde deben empezar las soluciones.

Campa Cifrián, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la SG, confía en que si se pudo en Ciudad Juárez, Tijuana o Aguascalientes, estoy seguro que se puede en muchos otros sitios.

El capital social –dice a La Jornada– está duramente cuestionado, pero el reto es encontrar a la gente que pueda ayudarnos.

Como se ha difundido, el plan preventivo pondera dos elementos centrales: jóvenes vulnerables (residentes en colonias violentas) y personas recluidas en cárceles y, en particular, la atención a sus familias.

En el listado de programas, presupuestos y buenas intenciones, la SG no descarta echar a andar el plan delineado en el periodo de transición gubernamental de Enrique Peña Nieto: agilizar la preliberación de 20 mil personas.

Aunque el área a cargo de Campa no tiene atribuciones para procesar una decisión de esta naturaleza (es función de jueces especiales), sí puede promover una coordinación que derive en la salida anticipada de miles de personas cuyos delitos fueron menores y/o sus familias presentan situación vulnerable.

“El tema de las preliberaciones depende de la ley; el problema es que en muchos estados no están conformadas las vías para ello. Entiendo que en el Distrito Federal hay sólo un juez de sentencias, responsable de este tema de los beneficios.

Sin embargo, en el trabajo que se hizo en la etapa de transición se planteó la posibilidad de ir por lo menos en 20 mil casos agilizando preliberaciones o con mecanismos de vigilancia electrónica; por ejemplo, usando brazaletes, afirmó.

En el programa preventivo, añadió, se trabajará con los reclusos y con las familias de éstos; hay esquemas relacionados con el trabajo en las cárceles, donde un porcentaje importante de los recursos obtenidos van a las familias de los internos, otra parte a un fideicomiso para un fondo para los mismos presos y, finalmente, un fondo menor para que el reo compre en la cárcel lo que necesita.

Vamos a trabajar en cada uno de estos puntos que significan prevención porque finalmente un interno productivo mantiene lazos con sus familiares y, al salir de la cárcel, tiene más posibilidades de no volver a cometer delitos, señaló.

Al lado del subsecretario trabajan dos jóvenes funcionarias: Lucila Guerra Delgado, sicoterapeuta social, quien participó en la construcción del programa de prevención en Aguasaclientes, y Alma Eunice Rendón Cárdenas, doctora en políticas públicas, partícipe en el rescate de Juárez.

Con matices, las especialistas comentan que la apuesta es a la seguridad ciudadana y las redes de prevención, pero sólo de la mano de la gente; de lo contrario, esto no va a funcionar.

A nivel operativo, el siguiente paso, tras el anuncio del arranque del programa, es integrar comisiones intersecretariales a nivel estatal, en conjunción con alcaldes porque, indica Guerra, la prevención social es un asunto distinto a la operación policial.

Vamos a formar, explicó, equipos técnicos con el fin de desarrollar los programas para cada comunidad; una parte fundamental para que esto funcione en tierra, focalizado, es la presencia de técnicos capacitadores, así como la generación de la figura de promotores comunitarios.