La madrugada del martes los grupos de autodefensa de los municipios de Ayutla de los Libres y Tecoanapa, Guerrero, entregaron al gobierno del estado a 20 de las 40 personas que mantenían bajo su custodia desde el 6 de enero; los supuestos delincuentes fueron trasladados a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), en la capital Chilpancingo.

Los 20 restantes serán dejados en libertad las próximas horas debido a que, según los integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), no hubo delito que perseguir, pero antes sus familiares se comprometerán por escrito a participar en un proceso de readaptación social en diversas comunidades.

El operativo de entrega de los 20 individuos ocurrió poco después de las cuatro horas en la gasolinera ubicada al sur de Ayutla de los Libres. Participaron por la Upoeg, Bruno Plácido Valerio, Crisóforo García Rodríguez, Ernesto Gallardo Grande, quien se dice comandante regional de la policía comunitaria.

En representación del gobierno estatal estuvieron el senador perredista Sofío Ramírez Hernández; la subsecretaria de Desarrollo Político, Rossana Mora Patiño; el alcalde de Ayutla de los Libres, Severo Castro Godínez, y José Vélez Zapata, fiscal de la PGJE.

Los detenidos, escoltados por elementos de la PME

Fuentes de la Policía Ministerial Estatal (PME) informaron que poco después de las ocho de la mañana arribaron a Chilpancingo los 20 supuestos delincuentes, luego de ser trasladados en un autobús escoltado por ocho vehículos con unos 70 elementos de la PME y Policía Federal Ministerial. Minutos después fueron recluidos en el Instituto de Capacitación Policial.

‘‘Los retenidos no presentaban golpes; sabemos que se iniciará un proceso en el que rendirán su declaración y posteriormente permanecerán en calidad de arraigados’’, precisaron los informantes.

Mientras, unos 30 comuneros de Turícuaro, municipio de Nahutzen, Michoacán, mantienen desde hace cuatro días barricadas en el acceso a la población, luego de que decidieron organizarse para autodefenderse de delincuentes y talamontes que operan en la región. Exigen a las autoridades estatales que reconozcan a la ronda comunitaria (policía local).

Al respecto, el gobernador Fausto Vallejo dijo que hay avances para regularizar estos cuerpos de seguridad, pero tiene que haber orden para evitar abusos y actos fuera de la legalidad.

Entrevistado después de la celebración del Día del Ejército, acto realizado en las instalaciones de la 21 Zona Militar, dijo que los pueblos indígenas están en su derecho de designar a sus autoridades de acuerdo a usos y costumbres con el fin de proteger a sus familias.

No obstante, agregó, tenemos que saber los nombres de las personas que quieren ser policías para capacitarlos y ofrecerles una remuneración por su trabajo, pero mínimo tienen que pasar el examen de confianza, enfatizó.

En este contexto, Gaudencio Mancilla Roblada, representante del Consejo de Mayores Indígenas de Ayotitlán, comunidad que concentra la mayor población nahua de Jalisco, insistió en que debe formarse una policía comunitaria que brinde protección a los pobladores de la región, proceso que se encuentra en etapa de consulta entre los lugareños, y que deben contar con armamento.

Acusan a cuerpos policiacos de Jalisco de ‘‘inacción’’

Ello, dijo, ante la inacción de las autoridades del estado de Jalisco, luego de las denuncias de habitantes desde el año pasado sobre la presencia de grupos armados que hostigan a la población, roban madera y secuestran a sus líderes. El pasado 21 de octubre el activista Celedonio Monroy fue levantado y hasta ahora se desconoce su paradero.