La Cámara de Diputados conmemoró ayer el centenario de la creación del Ejército Constitucionalista en sesión solemne, durante la cual los posicionamientos de los partidos se centraron en reconocer el papel de las fuerzas armadas en la transición política y la seguridad pública. Sin embargo, hubo divergencias acerca de la legalidad de la presencia de los militares en las calles y su consecuente desgaste.

El PRI afirmó que las acciones policiacas en las que participan militares tienen pleno fundamento constitucional.

El PAN planteó legalizar los operativos militares contra la delincuencia organizada.

Y tanto PRD y PT como Movimiento Ciudadano (MC) señalaron que los operativos militares tienen un sustento poco claro.

Convertirse en eje de la política de seguridad pública y patrullar las calles no puede ser el plan de acción del Ejército en un país democrático. Tampoco es admisible convertir a los cuerpos armados en actores políticos, afirmó en tribuna Carlos Reyes Gámiz, vocero de la bancada del PRD.

El vicecoordinador de MC, Ricardo Mejía Berdeja, manifestó que si bien que en esta centuria el Ejército se ha mantenido institucional en los sucesivos relevos de gobierno y ha mantenido las libertades fundamentales, no debe dejar de reconocerse el desgaste de la institución provocado por las administraciones que lo involucraron, sin planeación ni estrategia, en el combate al crimen organizado.

Lamentablemente, las recientes administraciones dañaron y lastimaron el buen crédito del que goza el Ejército. Se le implicó en tareas de seguridad pública y procuración de justicia que están fuera de sus funciones y de su esencia, afirmó.

El diputado José Duarte Murillo, del PRI, sostuvo que la actuación del Ejército se apega a la Constitución. Su lealtad a las instituciones y al jefe supremo de las fuerzas armadas, que por mandato democrático es el presidente de la República, están fuera de toda duda, expresó.

(Los militares) no han dudado, abundó, en participar al lado de los gobiernos federal, de los estados y los municipios cuando ha sido indispensable garantizar y mantener la seguridad pública y hacer respetar el orden constitucional.

El panista Alfredo Rivadeneyra consideró que es improrrogable clarificar de una vez por todas los límites, alcances, modalidades y circunstancias en las que las fuerzas armadas deben actuar para garantizar la seguridad interior.

El coordinador del Partido Nueva Alianza, José Angelino Caamal, consideró que el Congreso está obligado a actualizar el marco legal de seguridad nacional y organización de las policías para que la tarea asignada al Ejército de combate al crimen organizado sea realmente transitoria.

La diputada Magdalena Núñez, del PT, afirmó que el origen del Ejército le da el carácter de pueblo en uniforme, pero que distintas administraciones lo obligaron a cometer excesos, como la represión estudiantil en 1968 y su uso en los sexenios del PAN contra la delincuencia organizada.

Finalmente, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 431 votos, ordenar que se acuñe una moneda de 20 pesos, conmemorativa del centenario del Ejército Mexicano.