Integrantes de las fuerzas de seguridad han participado en numerosos casos de desaparición forzada, y en casi ninguno las víctimas fueron halladas ni se llevó a los responsables ante la justicia, denunció Human Rights Watch (HRW) en su informe Los desaparecidos de México; el persistente costo de una crisis ignorada.

La organización internacional señaló que esa impunidad ha exacerbado el sufrimiento de los familiares de las víctimas.

En dicho estudio, de 193 páginas, HRW documenta casi 250 desapariciones forzadas cometidas durante el gobierno del ex presidente Felipe Calderón, en 149 de las cuales fueron encontradas pruebas contundentes de la participación de elementos del Ejército, la Marina y diversos agrupamientos de policía.

El récord del gobierno del presidente Calderón en materia de derechos humanos es un desastre, y tiene que ser abordado con seriedad; este gobierno sí puede avanzar con las investigaciones y lograr justicia para los miles de familiares de los desaparecidos durante esta guerra contra el narcotráfico, advirtió José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de HRW, al término de una reunión privada con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a quien entregó el informe.

Resaltó que la situación actual es de la mayor gravedad; es una crisis muy seria que enfrenta México y cuya atención demanda un esfuerzo monumental.

En algunos casos, como las más de 20 desapariciones forzadas que habrían sido perpetradas por miembros de la Marina entre junio y julio de 2011 en Nuevo León y Tamaulipas, el modus operandi con que se cometieron los delitos, la magnitud de los operativos y las versiones contradictorias ofrecidas por la Armada sugieren que podrían haber sido planificados y coordinados, detalló el informe.

HRW encontró evidencias en otros 60 casos de que agentes de seguridad estatales colaboraron directamente con la delincuencia organizada para concretar la desaparición de personas y/o para extorsionar a sus familiares.

La organización enfatizó que las 250 desapariciones consignadas en su informe no son la totalidad de casos.

Mencionó como referencia el documento que el diario estadunidense The Washington Post dio a conocer en noviembre pasado, en el cual el gobierno mexicano afirma tener registro de más de 25 mil personas desaparecidas o extraviadas desde 2006.

Impunidad total

Otro punto que destacó HRW en su análisis es que por lo general las autoridades no hacen una búsqueda oportuna de las víctimas de desaparición ni investigan quién es el responsable del delito.

La mejor prueba de eso es que en ninguno de los 249 casos documentados por la organización se castigó a los responsables.

“En muchos casos, estos funcionarios sugieren que las víctimas tienen la culpa de lo sucedido e indican a los familiares que son ellos quienes tienen la responsabilidad de investigar. Las escasas medidas que adoptan los agentes del Ministerio Público con frecuencia se ven contrarrestadas por demoras, errores y omisiones.

“La carencia de investigaciones eficaces –añadió el colectivo con sede en Nueva York– potencian el sufrimiento de los familiares, para quienes no saben qué sucedió a sus seres queridos provoca un desconsuelo constante.”

En su análisis, la organización subraya que las medidas adoptadas por el gobierno de Felipe Calderón fueron insuficientes y, evidentemente, inadecuadas, pues el ex presidente negó de forma constante que las fuerzas de seguridad estatales hubieran cometido violaciones a los derechos humanos.

Aunque el ex mandatario reconoció que habían ocurrido algunos abusos y se comprometió a tomar medidas para resolverlos, no cumplió la mayoría de sus compromisos, como formar un registro nacional de personas desaparecidas o acotar el Código de Justicia Militar, dijo Human Rights Watch.

De acuerdo con la organización, las medidas positivas que se han tomado para abordar las desapariciones forzadas ocurrieron en Nuevo León, donde funcionarios gubernamentales comenzaron a investigar 50 casos, cuyos avances son limitados, pero demuestran la posibilidad de avanzar en la resolución de dichos crimenes de lesa humanidad.

Por todo eso, en la parte final de su documento HRW recomienda al gobierno mexicano una serie de acciones para abordar efectivamente el problema, entre ellas crear bases de datos nacionales exhaustivas y precisas sobre desaparecidos y restos humanos no identificados.

También instan a las autoridades del país a reformar el Código de Justicia Militar, revisar la definición de desaparición forzada en los códigos penales de todos los estados y exigir que todas las personas arrestadas por las fuerzas de seguridad sean llevadas de inmediato ante el Ministerio Público, y no a centros de detención clandestinos.

Trato diferente

Luego de entregar el informe al secretario Miguel Ángel Osorio Chong, el director de HRW para las Américas señaló que este funcionario se comportó muy abierto y receptivo, y le detalló cuáles son las acciones que el actual gobierno está tomando en la materia.

(Osorio Chong) dijo que iba a estudiar los casos y que vamos a seguir en comunicación; es un gobierno que está arrancando, tiene 80 días en funciones, y él sostiene que tiene un compromiso muy claro.

–¿Encontraron alguna diferencia con el anterior gobierno, de Felipe Calderón?

–Claro, yo diría una diferencia radical. Es que este gobierno no tiene ninguna responsabilidad en el legado de violaciones masivas, gravísimas, cometidas en el sexenio de Calderón.