En reunión con senadores, el  secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, dejó claro que la política educativa del país la dicta el Ejecutivo federal y no el sindicato magisterial que encabeza Elba Esther Gordillo.

La política educativa la dicta el gobierno, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) tiene que hacer lo que le manda la Constitución: defender los derechos individuales y colectivos del trabajador, pero en modo alguno intervenir  en el diseño y aplicación de las decisiones fundamentales.

Chuayffet Chemor definió también que la elaboración de la legislación secundaria para poner en práctica la reforma constitucional no estará atada a los poderes fácticos. Expuso que la construcción del andamiaje jurídico de esa modificación de gran calado deberá hacerse con el mayor consenso posible.

Durante casi tres horas el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) discutió con los integrantes de la Comisión de Educación del Senado los contenidos de esa legislación  secundaria y el estado general que guarda la dependencia a su cargo. A pregunta expresa, señaló que en la discusión de la reforma educativa estarán incorporados todos los docentes, pero no los que diga el sindicato, sino los que el Estado señale como maestros competentes que conozcan de la materia y puedan expresar y verter sus opiniones.

Éste no es es un asunto sindical; esto es un asunto de   proyecto nacional, abarca a la sociedad en su conjunto, a la nación entera y, en consecuencia,  no puede parcializarse, porque parcializarse en este caso es degradar.

Chuayfett aclaró que no van a despedir a los profesores que reprueben la evaluación. Explicó que la ley no puede ser retroactiva, y los mentores deberán capacitarse hasta lograr los niveles requeridos. Sin embargo, recalcó, los de nuevo ingreso deberán pasar la evaluación obligatoriamente e insistió en que en la legislación se tiene que resolver el tema de la evaluación para los profesores de escuelas privadas, porque no es posible que quienes están en la posibilidad de asistir a un colegio privado puedan ser sujetos de un fraude monumental sin que la autoridad ni siquiera intervenga en la defensa de ese derecho humano.

Advirtió que la educación está saturada de programas que no rinden fruto al estudiantado. Hay, dijo, 17 programas que se imparten en primaria, que cuestan 19 mil millones de pesos, pero su saldo en rendimiento escolar es nulo para los alumnos.

Reconoció que en este momento la SEP es una torre de Babel. Revisamos todos los acuerdos, todas las circulares, todos los reglamentos, para poder encontrar el fondo de ellos, aquella parte que de verdad nos ayude a sustentar un modelo de sistema educativo válido para todos los mexicanos, no por su homogeneidad, sino por la misión de la realidad mexicana.

Luego expuso las principales interrogantes en torno a la legislación que deberá complementar a la reforma constitucional educativa. De entrada dijo que no sólo se debe evaluar al maestro, sino también la infraestructura y la participación de los padres, y cambiar el modelo de educación, para que al maestro no se le siga evaluando como hace 30 años, sólo por resultados administrativos y no por rendimiento escolar de sus alumnos.

Aludió a que se deberá crear la ley del servicio profesional docente y reformar la Ley General de Educación, a fin de que los sistema evaluatorios del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educcaión (INEE) y sus facultades sean reglamentadas.

Recalcó que se deberán transparentar las ternas para integrar el INEE y adelantó que en abril enviará los candidatos que habrán de competir por la titularidad de ese organismo.