Integrantes del Sistema de Justicia de la Costa Chica y la Montaña de Guerrero –Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y Policía Comunitaria (CRAC-PC)– instaron a los legisladores a tener prudencia a la hora de legislar sobre el tema y a respetar los derechos de los pueblos indígenas para evitar que la ciudadanía siga acorralada por el crimen organizado en algunas regiones del país, además de que toda iniciativa de ley debe ser consultada con los pueblos indígenas.

Si el gobierno hiciera su trabajo de garantizar justicia, no tendríamos necesidad de organizarnos sin cobrar para combatir a la delincuencia. En Guerrero hay levantones, asesinatos y cobro de cuotas; la administración estatal lo sabía y no actuó, señalaron.

Advirtieron que continuarán defendiendo su territorio contra la penetración de las mineras y no admitirán que se les subordine como auxiliares de la policía ministerial, como pretende el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, en una iniciativa de decreto.

Reiteraron el deslinde de la CRAC-PC de las brigadas de autodefensa de la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero (UPOEG), que surgieron en el municipio de Ayutla, en la Costa Chica. Coincidieron en que no condenan la iniciativa, tampoco la justifican, pero sí la entienden, porque las autoridades no hicieron su trabajo para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Ha habido confusión porque las autodefensas se dijeron policías comunitarias y algunos de sus dirigentes participaron en la CRAC-PC, pero los verdaderos policías comunitarios no van encapuchados, son elegidos públicamente en sus comunidades, no entregan a sus detenidos al Ministerio Público: sólo actúan en los pueblos que están incorporados a la CRAC, y en 17 años no han tenido un solo muerto. Los muertos que ha habido por el accionar de las autodefensas son de ellos, aseveraron.

En la conferencia de prensa celebrada en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro participaron Pablo Guzmán, coordinador regional de la CRAC en San Luis Acatlán; Arturo Campos, consejero regional, y Jaime Morales, comandante regional, ambos de la casa de justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla; David Bracamontes, del consejo regional de Comisarios de la Costa Chica, e Ignacio Navarro, vocero de la CRAC-PC.

Se proponen reducar a los delincuentes

Guzmán mencionó que la policía comunitaria surgió en 1995, ante el recrudecimiento de homicidios, violaciones y secuestros en la Montaña de Guerrero; explicó que desde esa fecha hasta 1998 detenían a los delincuentes y los entregaban al Ministerio Público, pero salían libres casi de inmediato, por la corrupción.

Entonces, este año la asamblea regional determinó crear una instancia de impartición de justicia para juzgar y reducar a los delincuentes.

Los detenidos trabajan de lunes a sábado, durante 15 días, en tareas de servicio a una comunidad –los van rotando– y en la noche los principales imparten pláticas para que retomen los valores que les permitan reintegrarse a sus comunidades.

En 17 años de vida, la CRAC-PC ha logrado disminuir 90 por ciento el índice de delitos en las 108 comunidades incorporadas a este sistema de justicia y hay decenas más en proceso de integración.

El narcotráfico es mínimo, porque para incorporarse a la CRAC las comunidades deben renunciar a esa actividad, agregó.

Enfatizó que el trabajo de la CRAC-PC tiene fundamentos legales en la Constitución, en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y en la Ley 701 de Guerrero.

Al preguntarle sobre la posibilidad de que existan paramilitares en Ayutla y que pudieran infiltrarse en la policía comunitaria, Campos comentó: “No dudamos que existan paramilitares, no sólo en Guerrero, sino en otras partes de la República… pero no tenemos conocimiento de quiénes son”.

Sin embargo, agregó, la forma de elegir a los policías comunitarios –públicamente, en la asamblea de cada pueblo–z previene una posible infiltración.

Bracamontes invitó a los comunicadores a asistir a la asamblea general de este sábado en San Luis Acatlán, donde se elegirán coordinadores y comandantes de su sistema de justicia.