Aunque el gobierno de Enrique Peña Nieto no sea responsable de las miles de desapariciones forzadas cometidas durante el sexenio pasado, podría abonar a la impunidad si no diseña un plan para encontrar a las víctimas y castigar a los culpables, indicaron los participantes en una mesa de análisis sobre el informe Los desaparecidos de México; el persistente costo de una crisis ignorada, de la organización Human Rights Watch (HRW).

José Miguel Vivanco, director para las Américas de dicho colectivo, saludó que el gobierno federal tenga mejor disposición que el anterior para abordar el tema y haya anunciado que presentará una base de datos completa sobre las desapariciones forzadas, pero advirtió que el acceso de las víctimas a la justicia y la verdad es impostergable.

El problema no se resuelve diciendo que son 27 mil los desaparecidos o 25 mil (...) Si no hay voluntad política, no habrá sanciones. El tiempo es oro y hay que actuar hoy para exigir al nuevo gobierno que tenga un plan de trabajo para atender esta crisis humanitaria de proporciones nunca vistas, aseveró.

Se le preguntó sobre la posibilidad de que la estrategia de Peña Nieto de mantener a las fuerzas armadas en las calles siga provocando violaciones a los derechos humanos. Vivanco respondió que la actual administración lleva sólo 80 días; por tanto, aún están por verse los efectos de sus decisiones, aunque enfatizó que su responsabilidad es no ser omisa ante los delitos cometidos en el sexenio pasado.

Deploró que Calderón siempre haya negado con arrogancia incalificable el hecho documentado de que los integrantes de las fuerzas de seguridad fueron responsables de desapariciones forzadas o ayudaron al crimen organizado a cometerlas.

Manifestó su indignación por los comentarios de un articulista de un medio impreso, publicados ayer, que ponen en duda la rigurosidad del informe de HRW. Es una columna escandalosa que se burla de un problema de la mayor seriedad, y una falta de respeto y de humanidad que debemos rechazar.

Blanca Martínez, integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, coincidió en que si bien la actual Presidencia no es responsable por los miles de casos de desaparición, sí colaboraría a extender la impunidad si no garantiza a las víctimas y sus familiares el acceso a la justicia.

Respecto a la lista de víctimas de desaparición forzada que el gobierno de Peña Nieto elaborará, la activista consideró que si no hay un plan, los datos no sirven de nada. Hay que saber a quién se busca y dónde. No son nombres en una base de datos, sino un corazón sangrante y una lucha desesperada para encontrarlos.

Consuelo Morales, directora del colectivo Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, resaltó que ha documentado la existencia de mil 54 víctimas de desaparición forzada en Nuevo Léon de 2009 a la fecha –en 221 ataques–, pero advirtió que la cifra es mucho mayor, pues muchos familiares no denuncian por miedo o amenazas de las propias autoridades.

A pesar de la falta de sensibilidad de la mayoría de los funcionarios, añadió, en Nuevo León se han conseguido avances importantes –incluida la consignación de 40 personas– mediante un esquema de cooperación entre las familias de las víctimas y el gobierno. No hemos terminado con estos crímenes, pero vemos que el diálogo es una herramienta poderosa, apuntó.

En la mesa de análisis también estuvieron presentes Luz María Durán, quien busca a su hijo Israel Arenas, desaparecido junto con tres compañeros de trabajo en Monterrey tras ser detenidos por policías de Ciudad Juárez en junio de 2011, y Arturo Rojo, padre de Vicente Rojo Martínez, desaparecido el 21 de marzo de 2009 en Piedras Negras, Coahuila.

Habrá seguimiento personalizado: SG

Fabiola Martínez

Mientras el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció la puesta en marcha de un protocolo de búsqueda de desaparecidos, el ex titular del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) Óscar Vega Marín rechazó categóricamente la existencia de una lista de 27 mil víctimas al cierre del sexenio de Felipe Calderón, como señaló esta semana la subsecretaria de Derechos Humanos de Gobernación, Lía Limón.

En una carta enviada a los medios de comunicación –y luego en entrevista–, el ex funcionario dijo que el acopio de información acerca de las víctimas de desaparición forzada fue limitado, ya que las entidades federativas no enviaron los datos correspondientes.

Aseguró que el único registro está integrado por 5 mil 319 casos de hechos reportados a partir de 2003. La Procuraduría General de la República (PGR), añadió, reportó que diciembre de 2006 a junio de 2012 se había localizado a 422 personas.

Esta misma falta de información completa, por la falta de datos “de las procuradurías estatales, hacen rechazar categóricamente la existencia de la lista a que aluden medios de comunicación nacionales e internacionales con base en supuestas filtraciones por parte de la PGR.

El propio secretario de Gobernación ha desmentido a su subsecretaria del ramo, en el sentido de que el gobierno federal cuenta con un listado íntegro o teórico en el rubro, señaló Vega.

Osorio Chong comentó en entrevista que el gobierno federal ya integró un equipo de trabajo especial para la búsqueda de personas desaparecidas.

Dijo que tras analizar diversos diagnósticos, como el de Human Rights Watch (la cual documentó al menos 149 desapariciones forzadas y más de 60 casos en los cuales se presume colusión de policías y/o militares con delincuentes para secuestrar), ya trabajan en las búsquedas.

Vamos a dar seguimiento personalizado a cada uno de los casos; quiero decirles que incluso la PGR ha hecho un espacio especial en el que van a estar (agentes del) Ministerio Público y elementos de seguridad sólo dedicados a la búsqueda de personas, protocolo que al día de hoy no existía. Ya estamos trabajando en él, ya estamos haciendolo, ya está formada esta comisión (de ministerios públicos federales), señaló.

Osorio había dicho apenas 24 horas antes, luego de la firma de un convenio con la Cruz Roja, que la lista de 27 mil desaparecidos no era un documento oficial y había que revisarla, aunque sí puntualizó que se trataba de miles de casos.

Registro inexistente

Vega Marín, en tanto, rechazó el diagnóstico anterior y dijo que en 2006 se inició un Registro de Personas Extraviadas o Desaparecidas, a partir de los reportes de las procuradurías estatales, proyecto que reportó un limitado avance debido a omisiones de administraciones estatales, pero aseveró que “un registro de esa naturaleza (27 mil desaparecidos) no existía.

El tema de la validación de la información que envían las entidades es clave, porque en materia de delitos hay mucha información pública no exacta, aun cuando (su difusión) no sea de mala fe, por lo que si no se cuenta con la validación de delitos (homicidios dolosos, secuestros, robos, personas desaparecidas, etcétera) es muy difícil hacer acopio de información así, porque se basan en datos que pueden ser inexactos.