Diputados de PRD y Movimiento Ciudadano consideraron insuficiente que se detallen los casos de corrupción en el sexenio pasado, y plantearon fincar responsabilidades a quienes cometieron quebrantos en el ejercicio del gasto en el gobierno de Felipe Calderón.

Las conclusiones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la cuenta pública 2011 tienen que concluir en un proceso judicial, donde se sancione a quienes cometieron abusos, y hasta que se definan culpables no deben darse por concluidas, evaluó el vocero del PRD, Carlos Reyes Gámiz.

El vicecoordinador de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, afirmó que no se puede permitir que los desvíos y mal uso de recursos públicos queden impunes.

Luego de que la semana pasada la ASF presentó el informe de resultados de la cuenta pública del quinto año de gobierno de Calderón, Reyes Gámiz sostuvo que el órgano fiscalizador exhibió claramente un modelo de corrupción que impera en el país.

El perredista lamentó que el modelo de fiscalización se limite a la denuncia pública sobre el manejo discrecional del presupuesto, y que las auditorías sólo sirvan para la exhibición crónica de la corrupción.

Mientras, García Berdeja expuso que más allá de temas escandalosos por la magnitud del desvío de fondos públicos, como se demostró en la Estela de Luz, el informe revela que hay una gran opacidad y discrecionalidad en recursos destinados a programas que por corrupción no llegan a los beneficiarios.

Otro de los ejemplos de cómo se conduce la administración pública es, dijo, el caso de los permisos otorgados en la anterior administración para operar casinos, que en el caso de la Cámara de Diputados motivaron la creación de una comisión especial que indaga las irregularidades cometidas en la Secretaría de Gobernación. En esa comisión insistiremos en la necesidad de que se vaya al fondo en ese tema de tráfico de influencias, afirmó.

Además, resaltó que en el reporte de la ASF se confirmó que los gobiernos de los estados no transparentan los créditos contratados y, por tanto, omiten los registros de deuda ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como ocurrió con el caso de Coahuila.