El presidente Enrique Peña Nieto promulgará hoy la reforma educativa que establece la evaluación obligatoria y que ha generado una profunda inconformidad entre los trabajadores de la educación al advertir que, ante todo, se trata de un cambio administrativo y laboral cuyo verdadero objetivo es el despido de los maestros.

En ese tenor, la disidencia magisterial se alista para presentar miles de amparos en contra de las modificaciones a los artículos 3 y 73 de la Carta Magna. Mientras el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), encabezado por Elba Esther Gordillo, habla de presentar recursos jurídicos contra la Ley Reglamentaria.

En una ceremonia que se realizará este lunes a las 11.00 horas en Palacio Nacional, el Ejecutivo promulgará esta transformación. Hasta la tarde de ayer no se había invitado a la maestra ni a la dirigencia del sindicato.

José García Mora, coordinador del Colegiado Nacional de Asuntos Laborales del gremio, aseguró: Hasta ahorita no nos han dicho nada. No se ha girado invitación y, que yo sepa, no hay ninguna instrucción por parte de nosotros para asistir.

Desde que se conoció el contenido de estos cambios, el SNTE ha mantenido posiciones contradictorias. Primero, dio su aval al proyecto, pero luego, a finales de diciembre, la lideresa magisterial anunció una resistencia pacífica y civilizada contra la iniciativa, la cual no ha tenido eco; en cambio, la postura ha sido interpretada por los docentes como una farsa.

Los cambios ya fueron aprobados por 25 legislaturas locales. El pasado 21 de diciembre, el Congreso aprobó la modificación constitucional que crea el servicio profesional docente, el cual establece que los maestros ahora sólo podrán ingresar o promoverse mediante la aplicación de un examen.

La Ley Reglamentaria fijará los criterios de ingreso, promoción y permanencia en el servicio profesional, situación que ha generado el rechazo del magisterio disidente e institucional.

Esta reforma que, para estudiosos del tema, trae cambios administrativos y laborales sin repercusiones en la mejora de la enseñanza, otorga autonomía al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el cual quedará a cargo de una Junta de Gobierno integrada por cinco miembros.