e antoja ofrecer una numeralia de conflictos que involucran a pueblos indígenas para mostrar los patrones del Estado frente a ellos; ni siquiera podemos marcar que en relación con ellos, pues la esquizofrenia es tal que sus caminos no se cruzan. Tres casos en curso nos ilustran.

El primero que debería estar en el centro es el de la presencia política del zapatismo en la escena nacional e internacional en diciembre pasado, cuando masivamente y en silencio mostró la fuerza de su proyecto en las juntas de buen gobierno y en los días siguientes definió posturas ante el nuevo gobierno con una aclaración pertinente: su opción es la vía política; por tanto, escapa al maniqueísmo de que, si no transitas por los partidos, tu destino manifiesto es la vía armada, cuestión más delicada en el caso del EZLN que en 1994 se ubicó en la misma para aceptar a los pocos días la búsqueda pacífica de la paz con justicia y dignidad. En sucesivos comunicados anuncia una nueva etapa de su proceso organizativo.

Salvo La Jornada, para el resto de los medios pronto ha dejado de ser noticia, con lo cual no debe darse lugar a engaños, pues ya han dado evidencias suficientes de que caminan y se fortalecen así la llamada opinión pública y la cla­se política los ignore hasta que requiere de la manipulación para re­chazar el incumplimiento de los acuerdos de San Andrés.

En contraste, las últimas semanas se mantuvo en todos los medios la atención en Guerrero respecto de los genéricos grupos de autodefensa, pretendiendo colocar en el mismo costal a la policía comunitaria cuyo proceso complejo de construcción lleva 17 años; peor aún, no faltó quien se refiriera a grupos paramilitares. Un caldo de cultivo para ello fueron las diferencias políticas mostradas en el contexto de la inminente renovación de la dirección colegiada del proyecto que encabeza la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), divergencias que amenazaban con desbordarse y por fortuna se logró su contención para arribar a buen puerto el pasado fin de semana y nombrar cuatro coordinadores y cuatro comandantes de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, en un proceso no exento de tensiones y que ameritará sin duda reflexiones desde dentro del proyecto. Importa destacar cómo se movieron actores políticos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El Estado, en el plano federal primero, señaló su rechazo a lo que llamaban hacerse justicia por propia mano y posteriormente ha asumido el carácter excepcional del proyecto de policía comunitaria; por su parte, el gobierno del estado se conectó a dos vías: ofrecimiento de apoyo económico a proyectos en la región de influencia de la policía comunitaria y reactivación en el Congreso del estado de la muy vieja propuesta, reiteradamente rechazada, de reconocer y legalizar a la policía comunitaria a través de su integración, como auxiliar, al sistema de seguridad oficial, inclusive un senador guerrerense presentó una iniciativa que camina en la misma lógica.

En ambos casos la consulta y el consentimiento previo brillan por su ausencia. Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha ratificado su permanente rechazo a las funciones de la policía comunitaria alegando violaciones a derechos humanos y defendiendo al estado, a quien según esta instancia se le conculcan facultades. Llama la atención que en todos los planos señalados se omiten los derechos autonómicos de los pueblos indígenas que se sustentan en el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas, incluso lo que dice que reconoce el artículo segundo constitucional, todo ello enmarcado en el contexto del artículo primero constitucional.

Precisamente este marco jurídico es la base de la defensa territorial en curso del pueblo chol. En los próximos días la Suprema Corte de Justicia decidirá sobre el incidente de inejecución de la sentencia que en 2008 favoreció al pueblo chol para recuperar 130 hectáreas que les fueron despojadas en 1980, solicitaron amparo en 1982 y les resolvieron 26 años después. En la muy larga batalla jurídica una comisión de ese pueblo está en la ciudad de México realizando su esfuerzo de hacerse escuchar por los ministros y encuentran que están pensando en eludir la definición en su favor de una restitución lisa y llana los quieren regresar a pelear en la vía agraria, otros sustentan el criterio absurdo de que un ejido no puede ser considerado pueblo indígena sólo que fueran tierras comunales y me dicen ellos con toda claridad como si la manera en que nos entregaron los documentos nos hace indígenas o no nos hace indígenas. Nosotros lo que decimos siempre es que de por sí somos choles y hemos estado en ese territorio desde hace mucha historia. Pregunto al pleno de la Corte: ¿en cuál poder del Estado se aplicará alguna vez con justicia el derecho pleno de los pueblos indígenas?