La lista de 26 mil 121 personas ‘‘no localizadas’’ que dio a conocer la Secretaría de Gobernación podría quedarse corta ante la magnitud real del fenómeno de las desapariciones forzadas en México, pues los registros y las investigaciones sobre el número de víctimas de ese delito son casi inexistentes, señalaron activistas de organizaciones sociales y académicos especializados en el tema.

‘‘Esa cifra de Gobernación podría ser incluso menor que la verdadera, porque desafortunadamente hay muchos casos más que la gente nunca denuncia por miedo’’, afirmó Nadin Reyes, del colectivo Hasta Encontrarlos.

Por otro lado, la joven deploró que las autoridades hablen de miles de desapariciones, pero sin decir en cuáles las víctimas han sido luchadores sociales o defensores de derechos humanos.

La invisibilidad de este sector es tan grande, lamentó, que ni siquiera en estudios como el que presentó hace unos días la organización Human Rights Watch (HRW) se habla en particular de cuántos líderes sociales han sido desaparecidos.

Con respecto a la controversia por las cifras, Nadin, quien es hija de Edmundo Reyes Amaya, militante del Ejército Popular Revolucionario desaparecido el 25 de mayo de 2007, consideró que un solo caso de este crimen de lesa humanidad debería ser suficiente motivo de escándalo y movilización.

‘‘Más allá de si son 26 mil, menos o más, lo que tienen que hacer las autoridades es mostrar voluntad política para resolver el problema, encontrar con vida a las personas y castigar a los responsables. El gobierno actual no puede decir que estos casos no son su responsabilidad, porque el PRI (Partido Revolucionario Institucional) fue uno de los principales ejecutores de las desapariciones durante la guerra sucia’’, indicó.

Santiago Corcuera, ex presidente relator del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aseveró por su parte que las cifras dadas a conocer por Gobernación reflejan el nivel de la ‘‘tragedia y crisis humanitaria’’ provocada por el gobierno de Felipe Calderón, aunque saludó el hecho de que el gobierno admita la existencia del problema y dé una lista preliminar de víctimas.

‘‘Es buena noticia que la autoridad nos dé a conocer parte de la verdad, cuando de forma indignante la anterior administración se había empeñado en ocultarla. Ahora hay que insistir en que se muestre voluntad política para esclarecer las desapariciones y se diseñen protocolos de búsqueda. La lista es un primer paso; ojalá que no se quede sólo en esto y se traduzca en acciones concretas”.

A su vez, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) pidió al gobierno federal atender en su conjunto las recomendaciones de Human Rigths Watch, a fin de resolver las desaparaciones forzadas que reportó esta organización en su más reciente informe.

En un comunicado, el partido del sol azteca indicó que ese documento ‘‘nos coloca frente a una de las violaciones más graves al estado de derecho en toda América Latina, incluso por encima de dictaduras militares, como el mismo informe lo menciona, en comparación con Argentina, Chile o Brasil.

El PRD señaló finalmente que los datos aportados por HRW reflejan ‘‘el grado de descomposición de las instituciones que imparten y procuran justicia, lo que analógicamente, y por el número de personas muertas y/o desaparecidas, ubica a México en un contexto de guerra interna de baja intensidad’’.